MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado tener como personada como acusación popular en la causa contra el exministro socialista José Blanco a la Asociación Transparencia y Justicia, que solicitó ser parte en este procedimiento el pasado 2 de enero.
Los magistrados del alto tribunal Juan Saavedra Ruiz, que preside la Sala de lo Penal, Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, Miguel Colmenero y Francisco Monterde han adoptado esta decisión pese a lo avanzado de la instrucción que lleva a cabo su compañero José Ramón Soriano, presta a concluir después de que la Fiscalía haya solicitado ya el suplicatorio al Congreso de los Diputados para proceder contra el exministro.
Soriano, que investiga la presunta vinculación del mandatario socialista con una trama de concesión fraudulenta de ayudas públicas desarticulada en la "Operación Campeón", aún está pendiente de adjuntar al sumario el último informe encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre las cuentas del mandatario socialista y de su esposa Isabel Mourenza entre 2006 y 2011, en relación con la compra de su chalet en Las Rozas (Madrid).
Antes, previsiblemente, el magistrado instructor tendrá que pronunciarse sobre la impugnación de este encargo por parte de la defensa de Blanco, según han explicado fuentes jurídicas a Europa Press. Tras estos trámites, no se prevén más diligencias a realizar en la instrucción de este caso, a no ser que la nueva acusación solicite nuevas pruebas.
En el auto de admisión de la personación se señala que Transparencia y Justcia acudió el pasado 2 de enero al Registro General del Supremo para personarse en la causa. Antes de aprobar la inclusión de esta nueva parte, el Supremo requirió a esta agrupacion copia de su inscripción en el Registro de Asociaciones y un poder especial para ejercitar la acción popular en nombre de la sociedad.
NO SE LES PIDE QUERELLA
En los razonamientos jurídicos del auto dado a conocer este viernes, que tiene fecha de 7 de marzo, se exime a la asociación personada de presentar qurella, por tratarse de una causa ya iniciada, y se les anuncia que deberán prestar la fianza que les fije el instructor, en aras a poder "responder de las resultas del juicio".
El pasado lunes, el fiscal Manuel Jesús Dolz solicitó al Supremo que pida el suplicatorio al Congreso de los Diputados para proceder contra el exministro por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación relacionados con sus gestiones para la obtención por la empresa Azkar de una licencia para instalar un almacén próximo al aeropuerto de El Prat, en el término de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) .
El Ministerio Público descarta, por tanto, la existencia de indicios contra Blanco por un supuesto delito del cohecho del que le acusó el empresario farmacéutico lucense Jorge Dorribo, en relación con un supuesto pago al exministro socialista de 200.000 euros efectuado en una gasolinera de Guitiriz (Lugo) a cambio de gestiones ante el Ministerio de Sanidad.
