MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) ha dado un "voto de confianza" al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, después de que su departamento les anunciase la formación de dos comisiones mixtas para abordar el papel de los fedatarios públicos en los proyectos legislativos que están en marcha.
El portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, Carlos Artal, ha expresado, en declaraciones a Europa Press, su confianza en la utilidad de estos grupos de trabajo para debatir sobre la regulación de los fedatarios públicos y recoger sus propuestas.
"Si vemos que es una cortina de humo o se queda en papel mojado, seguiremos movilizándonos y daremos un paso adelante", ha advertido Artal, que no descarta la convocatoria de huelgas entre las medidas de protesta a adoptar.
En todo caso, Artal ha acogido favorablemente la formación de estas dos comisiones para regular el papel del secretario judicial en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Código Procesal Penal, que están en fase de borrador y son estudiados ahora por el Ministerio de Justicia.
CAMBIO DE NOMBRE DEL SECRETARIO JUDICIAL
La asociación recogerá la opinión de sus afiliados sobre estos textos a través de su página web o en asambleas que convocará en toda España.
El Secretario General de la Administración de Justicia, Joaquín Silguero, informó de esta iniciativa a las asociaciones de secretarios judiciales en una reunión celebrada esta semana en el Ministerio.
La Unión Progresista de Secretarios Judiciales acogió con preocupación estos borradores que constituían "un desprecio" y un "retroceso" para la figura del secretario judicial al no valorar su capacidad resolutiva y cambiarles el nombre por el de 'Letrados al servicio de la Administración de Justicia'.
Un término que, a su juicio, es desafortunado al referirse, sobre todo, a un papel de asesor y no a sus funciones de ejecución. "Cualquier cambio de nombre tendría que tener el consenso y abordar las nuevas funciones asumidas por el secretario judicial".
La asociación también ha mostrado su oposición a una reforma del Registro Civil que "privatice" este servicio público, mientras que ha recordado algunas de sus reivindicaciones como la regulación de las enfermedades profesionales del colectivo, un ámbito de negociación colectiva propia o una mejor conciliación de la vida laboral y familiar.
