MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo ha avalado que el Gobierno goza de "margen de discrecionalidad" para eximir de la condición de funcionario a los directores generales de los departamentos ministeriales cuando las funciones de sus puestos así lo aconsejen.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso interpuesto por la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) contra varios reales decretos aprobados en 2011 y 2012 que libraban de este requisito a algunos directores generales.
Se trataba del Director General de Medios y Diplomacia Pública del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del Director General de Tráfico, del Director General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, del Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Director General de Comunicación.
La Federación recurrente, que ha sido condenada al pago de 4.000 euros por las costas derivadas del proceso, denunciaba que la excepción que la ley permite al Ejecutivo para eximir de tal condición está siendo utilizada "de manera expansiva y abusiva" y manifestaba su extrañeza por que no existieran funcionarios cualificados, preparados y formados para cubrir esos puestos.
EXPERIENCIA EN EL SECTOR PRIVADO
El Supremo da la razón al Abogado del Estado que aludía al "poder de disposición" del Gobierno para determinar las Direcciones Generales que puedan ser desempeñadas por personas que no reúnan esta condición pero que resulten "idóneas" para el cargo. El hecho de que pudieran existir funcionarios capacitados no obliga al Gobierno a restringir su eleccción a "tan reducido subconjunto", sostenía.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Santiago Martínez-Vares, respalda los criterios de profesionalidad y experiencia que se tuvieron en cuenta en los nombramientos, para los que se valoró la útil trayectoria previa en la Administración Pública y en el sector privado.
Por ejemplo, en Empleo justifica tal exención ante "una situación del mercado laboral tan excepcional como la que soporta España, -con intolerables tasas de paro en todos los sectores económicos, y en todos los tramos de edad de su población".
También se valoró la experiencia en el ámbito de la gestión inmobiliaria adquirida en el sector privado para ocupar la Dirección General de Arquitectura.
"La crisis que experimenta en España el sector inmobiliario alcanza dimensiones inusitadas, e influye sobre la economía del país en muchos aspectos como el desempleo generado en la población menos favorecida, y en las economías familiares y en las de las empresas a ello dedicadas, cualquiera que fuera su dimensión, así como en el sistema financiero. En resumen queda suficientemente justificada la excepción una vez más", concluye la sentencia a este respecto.
