BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)
En el escrito enviado al Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell que investiga la causa y al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal concluye que "las intervenciones telefónicas llevadas a cabo en la presente causa lo han sido conforme a derecho".
Recuerda que tras la denuncia del empresario Nicolás Giner --declaró que la trama obligaba a que se le pagase un mínimo de 120.000 euros a las empresas que querían optar a concesiones públicas y un 3% final sobre el coste total-- se pidió la intervención sólo de cuatro teléfonos.
"A partir de las intervenciones se comprobó que los imputados no paraban de realizar ilícitos penales de todo tipo, una corrupción continuada, era un sinvivir", relata el fiscal en el escrito.
En estas conversaciones telefónicas aparecía el entonces concejal del PP Jordi Soriano, empresarios, concejales, "e incluso más tarde el propio alcalde", explica en relación al Bustos.
Los imputados reclamaban que se declaren nulas las escuchas y las actuaciones que hayan derivado por quebranto de los derechos fundamentales y por indefensión, e invocaban la doctrina de los 'frutos envenenados' según la cual "la nulidad de las fuentes de prueba acarrea la contaminación de las diligencias".
También pedían al juez que lo apropiado hubiera sido que la documentación necesaria para investigar la trama se debería de haber hecho yendo al Ayuntamiento "y en concreto haber ido a esas personas implicadas a pedirles los expedientes sin más" en lugar de hacer un registro.
MÁS DELITOS IMPUTADOS
Por otra parte, el juez ha imputado a la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), Maria Elena Pérez, un delito de prevaricación además de un delito de tráfico de influencias que ya se le atribuía por la contratación de una trabajadora para el ayuntamiento.
Además, se ha descubierto que se sustituyó el documento inicial --en el que la empresa de selección declaraba a la candidata finalmente elegida como 'no apta' y proponía a una tercera persona-- por otro documento en el que se consideraba que la 'apta' era finalmente la elegida.
Según ha informado la Fiscalía de Barcelona, esto se hizo a instancias del diputado del PSC en el Congreso Daniel Fernández, lo que podría constituir un delito de falsedad en documento oficial puesto que aún siendo documento privado se incorpora a un proceso público de selección.
Por eso, la Fiscalía concluye que "hay indicios suficientes para que se le imputen los delitos de tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento oficial"; su imputación la deberá decidir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que es quien tiene la competencia al ser aforado.
