MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
En un acto celebrado en el Tribunal Supremo para la implantación del Plan de Actualización del alto tribunal, el responsable de Justicia ha sido preguntado si existe base jurídica para investigar los presuntos seguimientos efectuados a dirigentes de la clase política.
En su opinión, siempre que se anuncia cualquier hecho que vulnera nuestras normas de convivencia, cuya protección recae en el Código Penal, "naturalmente" debe producirse una investigación.
"Pero decidir si la vulneración de una norma de convivencia incurre en una conducta tipificada en el Código Penal es algo que corresponde al Ministerio Fiscal", ha precisado.
Desde el punto de vista político, el ministro ha mostrado su "más absoluto rechazo" a todo lo que suponga una violación al derecho de la intimidad y ha constatado que estas prácticas suponen "un descrédito importante para la clase política que utiliza medios que, en modo alguno, deben ser los adecuados para confrontar dialécticamente distintas ideas o soluciones de Gobierno".
Con todo, Gallardón ha insistido en que la decisión sobre la trascendencia penal de esas conductas debe corresponder al Ministerio Público y, en última instancia, al Poder Judicial.
