MURCIA, 15 (EUROPA PRESS)
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha recordado este viernes en Murcia "el continuo olvido" de la Administración de Justicia por parte de los poderes públicos, por lo que ha reivindicado a los gobiernos central y autonómicos una mayor atención en las partidas presupuestarias, "incluso en crisis".
Para el representante del Ministerio Público, "la Administración de Justicia forma parte de las exigencias del Estado y requiere una dedicación presupuestaria que no se ha tenido en cuenta en cierto tiempo y conviene reclamarlo desde ya", no solamente se trata de "crear plazas de jueces y fiscales", ha añadido.
Según Torres-Dulce, "hay que hacer un análisis serio acerca de si tenemos suficientes jueces y fiscales o de si hay que hacer determinadas podas que permita que a los tribunales lleguen aquellos asuntos que deben de llegar".
En la conferencia que ha pronunciado en el Foro Nueva Murcia sobre 'El pasado, el presente y el futuro del Ministerio Fiscal', el fiscal general del Estado ha pedido a las administraciones públicas que sean "legales", "imparciales" y resuelvan los problemas de los ciudadanos.
Una de las razones por las que la Administración de Justicia está "tan sobrecargada", según Torres-Dulce es porque "las administraciones públicas no están actuando con la legalidad, imparcialidad y eficiencia para dar respuesta a los ciudadanos".
A la vez que ha destacado el "enorme" retraso de esta administración respecto a las nuevas tecnologías. "Los jueces y fiscales tenemos una obligación esencial de ser eficientes y autorregularnos y tenemos buena culpa de que la Administración de Justicia no esté funcionando", ha resaltado pero "difícilmente podemos actuar sin una modernización real que pasa por una presencia creciente, activa y realista en términos de presupuestos de la Nación y las comunidades autónomas".
2.000 FISCALES PARA 5 MILLONES DE DILIGENCIAS
Torres-Dulce ha lamentado "la tendencia a utilizar el Ministerio Fiscal como un remedio", de hecho, ha apuntado, 5.000 jueces y unos 2.000 fiscales "tienen que hacer frente a 5 millones de diligencias previas al año", y se ha preguntado "si no estamos judicializando en exceso la vida social, familiar, administrativa y política".
Los tribunales "son el último remedio, el quirófano donde arreglar conflictos sociales", si la propia sociedad no opera mecanismos de arbitraje y prevención "no puede esperar que la Administración de Justicia solvente esos problemas sociales" pues "actuará quirúrgicamente, imponiendo penas y sanciones, pero difícilmente podrá poner remedio" a la violencia de género, a la desigualdades económicas, a las malas prácticas bancarias o a la corrupción política, ha argumentado.
En opinión de Torres-Dulce, hay que "ser valientes para atacar la reforma del proceso penal", para "decir que deben de ser expulsadas de la jurisdicción las faltas", ya que, ha puntualizado, "hay 800.000 juicios de faltas" en España, "casi 350.000 a los que tiene que acudir el Ministerio Fiscal".
Esto "implicará atacar el 75 por ciento de la carga de trabajo de todas las jurisdicciones españolas", una tarea "esencial", que afecta fundamentalmente a bienes cotidianos de la sociedad "y la ciudadanía está exigiendo"; así como que los procesos largos "lleguen cuanto antes a la vista oral", lo que "ocasionará que todos nos pongamos las pilas".
De tal forma, ha finalizado, "se conseguirá una justicia más inmediata y cercana a los ciudadanos" así como "una mayor celeridad" en la Justicia. "Necesitamos que todos respondamos", pues, "la justicia forma parte de todos".
