MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Ambas asociaciones han propuesto, en declaraciones a Europa Press, una batería de medidas para luchar eficazmente contra este fenómeno en un momento en el que el Gobierno negocia con los partidos la firma de un pacto global contra la corrupción.
Para el presidente de la APM, Pablo Llarena, los "primeros interesados" en acabar con esa sensación de impunidad son los propios representantes de la clase política que ven como se la "estigmatiza" por culpa de "comportamientos aislados".
En este contexto, ha reclamado que se dote a los jueces de los medios adecuados para investigar estos procedimientos de una manera ágil y "asegurar la independencia judicial". Ha apostado por acometer una modificación legal que establezca un "cumplimiento parcial de la pena obligatorio, sin posibilidades de excarcelaciones prematuras, vía calificaciones de grado o regímenes abiertos".
La APM ha respaldado el pronunciamiento del Tribunal Supremo en el sentido de regular la concesión del indulto de manera que se exija justificar los motivos que han llevado al Gobierno a otorgar esa medida de gracia. Llarena ha precisado que el indulto motivado no debe limitarse solo a casos de corrupción sino a todo tipo de delitos.
"Sería necesario un mayor rigor en los jueces a la hora de conceder el beneficio de la suspensión de la ejecución de pena para trasladar la idea de que no existe impunidad", ha indicado, para añadir que cuando la corrupción gira alrededor de actos administrativos, los magistrados deberían analizar con "más rigor las peticiones de suspensión cautelar de los actos ilícitos".
ELEVAR CONDENAS Y PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN
El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha sugerido la creación de Juzgados Anticorrupción o el aumento de los medios con los que trabajan los actuales órganos judiciales. Además, ha emplazado a elevar las condenas, incluidas las penas de prisión y de inhabilitación, y a alargar los plazos de prescripción para combatir la corrupción.
"En el ámbito judicial se detecta un fenómeno muy corriente cuando se analizan las grabaciones entre imputados, y que posteriormente van a juicio, que es la sensación de impunidad", ha explicado a Europa Press Bosch, para advertir de que algunos cargos políticos tienen la sensación de que "nunca les va a pasar nada" ante la falta de adecuación de los juzgados para afrontar estas investigaciones.
Para evitar esta sensación de impunidad, la asociación propone crear Juzgados especializados dedicados a la persecución de delitos de tal complejidad o aumentar los medios asignados a los actuales órganos. "Si se les asigna un asunto de esta envergadura, tienen que tener refuerzos en medios e instrumentos. Hoy en día eso no está pasando", ha advertido.
Pone el ejemplo del 'caso Fabra', el cual lleva 9 años en fase de instrucción. "Es evidente que no se han puesto los medios necesarios e incluso se han recortado para que el caso no avance", ha señalado Bosch, que ha criticado que estos procedimientos se "eternicen", evitándose la imposición de condenas a sus responsables.
Respecto a la reforma del Código Penal, ha considerado "un contrasentido" criminalizar "con dureza" los delitos contra el patrimonio de una persona individual, pero dedicar un tratamiento más "favorable" a las infracciones que afectan al conjunto de los ciudadanos. Por ello, aboga por establecer plazos de prescripción más largos y elevar las penas a los políticos corruptos.
"El nivel de exigencia de nuestra sociedad hacia un cargo público debe ser mucho más alto que hacia aquel que está en situación de marginación, de pobreza. Hay que ser más exigentes con aquel que tiene una formación, actúa en nombre de toda la sociedad", ha concluido.
