MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El financiero ha presentado avales de propiedades, una plaza de garaje y un local para satisfacer la fianza establecida por el juez que investiga la denominada 'Operación Crucero', en la que se trata de esclarecer si el empresario Ángel de Cabo creó una trama dirigida a ocultar los bienes del anterior propietario de Marsans.
La defensa del presunto testaferro presentó un recurso de apelación contra la fianza impuesta el pasado 5 de diciembre que está pendiente de resolución, según informaron fuentes jurídicas. La práctica totalidad de los imputados han recurrido las fianzas para tratar de eliminar o rebajar las cuantías, que suman los 112 millones de euros.
Se trata del segundo imputado en esta causa que queda en libertad tras hacer frente a la fianza impuesta por el instructor, después de que la secretaria de De Cabo, Susana Mora, depositara los 3.000 euros que se le reclamaban para eludir la cárcel el mismo día en que el magistrado acordó esta medida cautelar.
El titular del Juzgado Central de Instrución número 6 ordenó en diciembre el ingreso en prisión eludible con fianza de 50 millones de euro a Ángel de Cabo, al que acusa indiciariamente de los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible. Para Díaz Ferrán y para el mano derecha de De Cabo, Iván Losada, la fianza impuesta fue de 30 millones de euros.
Las fianzas de 500.000 euros se impusieron al cuñado de Cabo, Teodoro Garrido y a los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José Enrique Pardo y Antonio García Escribano. El único para quien Velasco no adoptó esta medida fue el experto fiscal Tormo, quien si embargo no podrá abandonar el país y deberá entregar su pasaporte y comparecer cada 15 días ante el juez.
De Cabo es el dueño de la empresa Posibilitum, a la que se investiga por adquirir en 2010 las empresas del Grupo Marsans por un precio ficticio con la intención de ocultar sus bienes y evitar posibles embargos. Iván Losada también es el actual administrador de Nueva Rumasa, que el entramado adquirió a la familia Ruíz Mateos cuando se declaró en concurso de acreedores.
El juez investiga si Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, fallecido en junio pasado, utilizaron las empresas de De Cabo para evadir su patrimonio a paraísos fiscales y ocultar la propiedad de sus bienes, entre ellos un yate y dos pisos de lujo en Nueva York, con la intención de no pagar las deudas con los acreedores, que las mayoristas denunciantes cuantifican en 45 millones de euros.
