SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)
En este sentido, fuentes del caso han informado de que el abogado de oficio de Juan Francisco Algarín tiene previsto recurrir la próxima semana el auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza dictado este martes por la juez de adscripción territorial Ana Rosa Curra, que fue destinada como refuerzo al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga los ERE fraudulentos.
Según las fuentes consultadas por Europa Press, el imputado no tiene medios económicos y actualmente sigue un programa de rehabilitación en un centro de acogida, lo que descartaría el riesgo de fuga, a lo que se suma, como ya indicaron fuentes del caso, que se mostró "bastante colaborador" con la Justicia en su declaración ante Ana Rosa Curra.
Tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción, la juez acordó el ingreso en la cárcel de Sevilla-I de Juan Francisco Algarín, de 48 años de edad y a quien imputa un total de cinco delitos, en concreto cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió el pasado mes de septiembre al Juzgado que investiga los ERE fraudulentos un oficio en el que señalaba que Juan Francisco Algarín, que figuraba como administrador solidario de la empresa 'Distripack Transporte Urgente S.L.', habría cobrado entre marzo de 2004 y enero de 2007 un total de 12 cheques por valor de 362.500 euros.
BILLETES DE 500 EUROS EN SOBRES
Algarín fue detenido por agentes de la UCO este pasado lunes, tras lo que prestó declaración ante esta los agentes de esta Unidad por espacio de más de cinco horas en las que señaló que "llevó personalmente sobres con dinero desde Mercasevilla y bares próximos a la Consejería de Empleo hasta una cafetería localizada en los bajos de la Delegación Provincial de Empleo".
Asimismo, puso de manifiesto que el dinero en Mercasevilla se lo entregaban el exdirectivo de la lonja Daniel Ponce y la funcionaria Regla Pereira, ambos procesados y enjuiciados por solicitar una 'mordida' de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería de la lonja, que había sido subvencionada con 900.000 euros por la Consejería de Empleo, aunque Pereira fue finalmente absuelta.
De igual modo, el imputado aseguró en su declaración ante los agentes de la UCO que, en algunas ocasiones, en lugar de llevar sobres "llevaba fundas de ordenadores portátiles con billetes de 500 y 200 euros" en su interior, y que incluso en una ocasión se trasladó hasta Madrid para entregarle dinero "en persona" a Antonio José Albarracín, que fuera director general de la mediadora Vitalia.
