Expansión
Éstas son algunas a las que habrá que prestar atención:
1. Tasas judiciales. Lejos de aplacar los ánimos tras la entrada en vigor de la medida, las protestas de varios colectivos como abogados, procuradores o jueces continuarán en 2013 tras la implantación de las impopulares tasas judiciales para recurrir que tantos “dolores de cabeza” le están dando al ministro Ruiz-Gallardón. Hace unos días, el Colegio de Abogados de Ourense se ha convertido en el primero en llevar la ley de tasas judiciales ante los tribunales.
2. Renovación del CGPJ. En junio de 2013 debe iniciarse el proceso de renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, y el Gobierno quiere que se lleve ya a cabo con las nuevas reglas. Por ello, aprobó el 22 de diciembre pasado a propuesta del ministro Ruiz-Gallardón el anteproyecto de ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que debe iniciar tramitación parlamentaria. Sin embargo, el PP –sin lograr un pacto con el PSOE- ha aprobado el anteproyecto que dejando la elección de los 20 vocales en manos del Parlamento, en contra del programa electoral del PP, donde se pretendía que la votación de 12 de esos vocales fuera por parte de los propios jueces. Podría haber huelga de jueces en este mes de enero.
3. Aprobación del nuevo Código Mercantil. Con más de 1.600 artículos, el nuevo Código Mercantil regulará muchos tipos de contratos que hasta ahora carecían de una normativa con rango de ley, como los contratos para las comunicaciones electrónicas, los turísticos, de distribución o los financieros mercantiles.
4. Cambios en el Código Penal. Los cambios introducidos días antes de acabar el 2012 en el Código Penal se podrán en marcha en el nuevo año, como la prisión permanente revisable o la custodia de seguridad. También los actores jurídicos tendrán que tener en cuenta algunas novedades como la creación de un tipo agravado para los fraudes de especial gravedad, la ampliación del plazo de prescripción a 10 años para estos supuestos más grave, que el proceso penal no paralizará el procedimiento administrativo o el nuevo tratamiento de la regularización voluntaria.
5. Ley de Servicios Profesionales. Según el ministro De Guindos, antes de terminar 2012 se presentaría un proyecto de ley de servicios profesionales para fomentar la competencia en este segmento del sector servicios y que estaría listo en el primer trimestre de 2013. Sin embargo el año empieza sin ningún proyecto, pero se espera que en los primeros meses sea presentado. Aunque es probable que la Abogacía no se vea afectada, no hay nada seguro, y lo cierto es que se revisará la obligación de colegiación de todas las profesiones y podrían perder fuerza los colegios de abogados. En España hay 130.015 colegiados como ejercientes y 55.590 como no ejercientes.
6. Estatuto de la Abogacía. El deseado y esperado Estatuto de la Abogacía podría ver la luz finalmente en 2013, después de que se apruebe la Ley de Servicios Profesionales, tras la respuesta de la CNC a la consulta presentada sobre el respeto a las normas de la competencia y una vez que importantes colegios de abogados como Madrid, Málaga o Valladolid han renovado a finales de 2012 sus Junta de Gobierno.
7. Nueva decana del Icam. El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (Icam), el más importante y numeroso de España con más de 65.000 colegiados se enfrenta al reto de que, tras las accidentadas elecciones del pasado 18 de diciembre, la vida colegial vuelva a la normalidad y el prestigio de la abogacía madrileña no se vea afectado por lo acontecido. Para ello, la nueva decana y primera mujer en el cargo, Sonia Gumpert -una vez acceda al cargo al que ha sido ya proclamada- tendrá que ponerse manos a la obra. Además, deberá resolver el tema de la creación o no de la nueva mutua médica impulsada por el anterior decano.
8. Elecciones en el Colegio de Abogados de Barcelona. El segundo colegio más importante de España, el Icab, celebrará comicios en este 2013. Aunque no se esperan tan ajustados ni mediáticos como los de Madrid, también podría estar muy disputados. El actual decano, Pedro Yúfera, parte con ventaja de revalidar la presidencia del decanato.
9. Máster de acceso a la Abogacía. La primera promoción de titulados del nuevo máster de acceso a la abogacía y la procura llegará en 2013, tras el periodo lectivo y el de prácticas. Será previsiblemente en enero o febrero de 2014 cuando se desarrollen las primeras pruebas teóricas y prácticas, para que los nuevos abogados puedan colegiarse y empezar a ejercer.
10. Bodas y divorcios ante notario. La nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria que impulsará el Gobierno en 2013 y del que ya existe un texto básico hará que muchas competencias que eran exclusivas de los jueces puedan ser ejercidas por otros actores jurídicos como notarios, registradores o secretarios judiciales. Así, el ministro Ruiz-Gallardón anunció, por ejemplo, que las bodas y los divorcios de mutuo acuerdo podrían celebrarse en una Notaría.
11. Secretarios judiciales, molestos. La Junta Gestora de la Asamblea de Secretarios Judiciales reiteró en diciembre su disposición a secundar una huelga a partir de enero si el Ministerio de Justicia no reconoce su creciente carga de trabajo y una “adecuación salarial” que se corresponda con la “mayor participación” del secretario judicial en las tareas comunes de la Administración de Justicia, o más extraordinarias, como la aplicación de las nuevas tasas judiciales o los lanzamientos por desahucio.
12. ¿Más restructuraciones en los grandes bufetes? Las principales firmas del derecho de los negocios tendrán que seguir con sus restructuraciones durante 2013 si, previsiblemente, el año se presenta similar a 2012, con pocas operaciones relevantes de fusiones y adquisiciones y grandes presiones para la rebaja de honorarios. Más que nunca, primará la eficiencia y la rentabilidad, con un arduo control de gastos y disminución de plantilla y de promociones a socios de cuota.
13. Un pacto de Estado para la Justicia. Sería un magnífico año para que el tan añorado pacto por la Justicia saliera adelante, como pidió el pasado diciembre la Comisión Interasociactiva: "El Gobierno debería ser capaz de generar un amplio Pacto de Estado en el que participen todos los sectores implicados".
