MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
Según pública este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE), se admite contra los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 del Real Decreto, aprobado por el Gobierno central el pasado mes de agosto.
El departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno vasco, tras la aprobación de esta norma, se manifestó que "conduce hacia una completa centralización del reconocimiento de la condición de asegurado a través de los organismos de la Seguridad Social, dejando el papel de las comunidades autónomas en el de meras ventanillas administrativas de tarjetas sanitarias, pero sólo para aquellos a los que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconoce sus derechos".
El pasado lunes 17 de diciembre se conocía que alto Tribunal, en un auto, fechado el pasado 13 de diciembre dictaminaba sobre la petición de levantamiento de la suspensión del RD, y no entra en el conflicto de competencias entre los Gobiernos central y vasco, permitiendo así al Ejecutivo autonómico seguir facilitando la tarjeta sanitaria a los inmigrantes 'sin papeles'.
En este sentido, admitía la argumentación del Gobierno de Patxi López sobre "el derecho a la salud y el derecho a la integridad física" de todas las personas, así como "la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad" que tienen una "importancia singular en el marco constitucional" y que podría "desvirtuarse" por la "mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado".
El Ejecutivo vasco defendía ante el Constitucional, asimismo, que la falta de atención gratuita a este colectivo, además de repercutir "en su estado de salud individual", repercutiría en "la propagación de determinadas enfermedades infecto contagiosas, afectando directamente a la salud de toda la sociedad".
El Gobierno vasco presentó el 26 de septiembre ante el TC su escrito de alegaciones definitivo al conflicto positivo de competencias planteado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra el Decreto 114/2012 sobre régimen de las prestaciones sanitarias. Además, el texto va acompañado de informes de Sanidad.
El escrito, de 51 folios, al que tuvo acceso Europa Press, reclamaba al Constitucional que lo admita, dicte sentencia en la que desestime el conflicto de competencias y declare la constitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2 y Disposición final primera del Decreto 114/2012 de 26 de junio.
