BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
En un auto del 18 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez justifica la prórroga hasta que no se proceda al análisis de la documentación intervenida, "siendo preciso esperar de forma provisional su resultado a fin de no frustrar eventuales líneas de investigación".
En otro auto, el juez permite a los Mossos clonar --"en un soporte apto para proceder a su examen por la fuerza policial"-- toda la información de los ordenadores intervenidos en los registros en el Ayuntamiento y en los domicilios y empresas, y también da permiso para desprecintar la documentación recogida en la Federación de Municipios de Cataluña (FMC).
Según justifica el juez, esta diligencia "es idónea al objeto de permitir obtener indicios relacionados con los delitos investigados": delitos contra la administración pública en sus diversas modalidades y otros como delitos contra el patrimonio, contra la ordenación del territorio y protección del medio ambiente y de falsedad.
Considera que la medida es necesaria y proporcional por la gravedad de los delitos investigados y por la pena que suponen en aplicación del Código Penal, y porque el bien jurídico protegido "es el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública, evitando cualquier descrédito de la misma que pudiera dañar la confianza de los ciudadanos".
PIDE INFORMACIÓN A LOS IMPUTADOS
El juez ha acordado que se entreguen oficios al alcalde de Sabadell, Manuel Bustos; a su hermano y concejal Francisco Bustos; al exconcejal y exmilitante del PP Jordi Soriano; al director del área de Urbanismo de Sabadell Manuel Somoza; los concejales Joan Manau y Ricard Estrada; el jefe de la Policía Local José Miguel Duran, y la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), María Elena Pérez, imputados en el caso, para que detallen los cargos que ocupan y las funciones concretas que le corresponden.
Paralelamente, en un auto del 18 de diciembre, pide al diputado del PSC Daniel Fernández que aclare y acredite si tras las últimas elecciones al Parlament, en las que fue escogido, decide seguir como diputado en las Cortes o si renuncia para serlo en la cámara catalana.
Para ello, le reclama que aporte en el juzgado las actas de toma de posesión o renuncia ya que "nadie puede acumular el acta de una asamblea de una comunidad autónoma con la de diputado al Congreso", a fin de determinar qué tribunal sería, en el caso que el caso siguiera adelante, competente para juzgarle.
Daniel Fernández ha sido imputado policialmente por un delito de tráfico de influencias por una conversación con la alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, en la que supuestamente le pedía que colocara a una exalto cargo del tripartito, Carmina Llumà, como directora del área territorial del consistorio, para lo que presuntamente se diseñó un puesto a medida.
