MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
En una entrevista en la cadena SER recogida por Europa Press, Torres-Dulce ha dicho ser partidario de la existencia de tasas judiciales "como un elemento para recaudar dinero" con el fin de que el servicio público de la administración de justicia "tenga una vía propia para subvenir sus necesidades" y que no sean "todos los contribuyentes" los que reciban "el impacto".
En este contexto, ha recordado que una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en 2002 estipula que la finalidad recaudatoria de las tasas no debe resultar "ni excesiva ni desproporcionada" ni "impedir el acceso a la jurisdicción, incluido el sistema de recursos"
Aunque ha aplaudido las exenciones que se han establecido en el nuevo sistema --por ejemplo, en los procesos penales o en lo que afecta a derechos fundamentales--, el fiscal general ha afirmado que "algunas de las tasas, sobre todo en el sistema de recursos (...), deben considerarse porque no se ha aquilatado bien el aspecto excesivo de las mismas".
A la pregunta de si de esta manera el Gobierno ha dificultado el acceso a la Justicia, Torres-Dulce ha respondido que "a priori, sin saber exactamente cómo se va a desarrollar" el sistema de tasas o "cómo lo van a interpretar los jueces", considera que "en algunos casos pudieran ser excesivas y dificultar el acceso a la Justicia".
"Probablemente tendremos cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los jueces. El Ministerio Fiscal, a través de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, tendría que pronunciarse. Las cuestiones las firmo yo; seré prudente a este respecto", ha añadido.
Asimismo, ha lamentado no haber podido abordar la reforma con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, antes de que se aprobara. "Nos hubiera gustado dar una opinión, como la dieron el Consejo General de la Abogacía, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial", porque "presidimos incluso las comisiones de justicia gratuita", ha declarado.
INFORME SOBRE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
Respecto al borrador del informe del Consejo Fiscal que critica varios puntos del anteproyecto de ley orgánica del Código Penal impulsado por Gallardón, Torres-Dulce ha dicho que presupone que finalmente será aprobado "tal cual está".
"Es un informe como debe ser el informe del Consejo Fiscal, crítico desde el punto de vista de la reflexión técnico-jurídica" en aspectos como la custodia de seguridad o la prisión permanente revisable, pero "hay otros aspectos del anteproyecto de ley que consideramos favorables y realmente positivos", ha destacado.
Aunque ese documento "no cuestiona la custodia de seguridad en sí misma, como institución", sí que "advierte de que, para que cumpla funciones de naturaleza constitucional, debe aquilatarse mucho más", ha detallado.
El fiscal general del Estado ha agregado que el informe, que es de carácter "técnico" aunque "alguien lo pueda ver en clave política", tampoco cuestiona la prisión permanente revisable como tal, aunque "sí es crítico con la forma en que está estructurada".
FISCALES Y JUECES NO PROTESTAN SOLO POR TEMAS LABORALES
Por otro lado, ha comentado que, "evidentemente", el descontento y las acciones de protesta que están llevando a cabo jueces y fiscales últimamente "no giran única y exclusivamente" en torno a un malestar laboral por cuestiones como la decisión del Gobierno de suprimirles su paga extra de Navidad.
Así, Torres-Dulce ha recordado que ya en mayo de 2010 "se produjo un recorte importante en los emolumentos de jueces y fiscales" y "aquello se asumió como una parte nada agradable pero necesaria en la contribución a los esfuerzos de austeridad presupuestaria del país".
"La siguiente vuelta de tuerca duele más, porque hay un componente simbólico importante", y da lugar a "una reflexión enmarcada en el concepto estatutario", ha indicado.
REIVINDICACIONES COMO FUNCIONARIOS
En su opinión, jueces y fiscales no pueden "conceptuarse exclusivamente como funcionarios" y deben "exigir un estatuto" en el que quede claro que tienen "unas enormes responsabilidades y unas penosas incompatibilidades". Pero "ciertas reivindicaciones me da la impresión de que van más en el camino funcionarial que en la exigencia estatutaria", ha estimado.
En la situación actual, el fiscal general del Estado no ve "nada impensable" que los operadores judiciales convoquen una huelga, una medida que ha dicho que no puede "compartir" aunque sí la respeta.
Por último, se ha referido al descontento de los ciudadanos que piden soluciones a la Justicia en cuestiones como los despidos, los desahucios o los problemas con las acciones preferentes de los bancos.
"Tienen que confiar en la Justicia. Al menos en la Fiscalía se está escuchando absolutamente a todo el mundo y se están dando respuestas atendiendo a la realidad social", ha asegurado.
