SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)
Así lo ha expresado en un comunicado el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, quien ha solicitado al Gobierno que escuche el "clamor unánime" en contra de esta norma que ha unido "a todos los operadores jurídicos, organizaciones sociales y sindicales y grupos políticos".
De Llera ha subrayado que esta ley es "inadecuada y desproporcionada y situará en una posición de debilidad a muchos ciudadanos, suponiendo un ataque a una franja importante de la sociedad como son las clases medias y trabajadoras, que deberán desistir a partir de ahora de ejercer la defensa de sus derechos e intereses por razones económicas".
De este modo, el responsable andaluz de Justicia ha recordado que los servicios jurídicos del Ejecutivo andaluz están estudiando la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional por esta ley.
En este sentido, el consejero ha afirmado que la norma puede hacer peligrar la igualdad de oportunidades, ya que prevé el pago de una cantidad fija con independencia de la importancia económica del proceso o de la situación económica de las partes.
Al mismo tiempo, ha apuntado que el hecho de que se establezca el pago de unas cantidades que pueden superar las de la propia pretensión o incrementos en la cuantía que están por encima del cien por cien, "conlleva un efecto disuasorio evidente para esos asuntos de escasa cuantía".
Por último, ha puesto de relieve que las tasas judiciales "no servirán tampoco para racionalizar el uso de los servicios públicos, como pretende el Gobierno central, puesto que los ciudadanos acuden a la Administración de Justicia para defender cuestiones que consideran legítimas y no de forma arbitraria".
