MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
Así lo ha avanzado el Colegio de Abogados de Madrid, que ha celebrado haber conseguido incorporar al anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita dos principales demandas "históricas" de la profesión.
El Ministerio de Justicia ha mantenido conversaciones con colectivos profesionales, como el Colegio de Abogados de Madrid, en la elaboración de la nueva norma que pondrá fin los problemas relativos al pago de las actividades profesionales desempeñadas por el turno de oficio, según han confirmado a Europa Press fuentes del departamento de Alberto Ruiz-Gallardón.
El Ministerio ha escuchado las demandas de los Colegios de Abogados de Madrid, Valencia y Bilbao para que los letrados que ofrecen este servicio por requerimiento de juzgados y tribunales, así como asistencias inmediatas en garantía del derecho de defensa, vean "retribuidas sus actuaciones profesionales con independencia del resultado de los expedientes administrativos de Justicia Gratuita".
El Colegio de Abogados de Madrid destaca en un comunicado que dejará de estar cuestionado el derecho del turno de oficio a ser remunerado por el trabajo ya realizado al hacerse cargo "directamente la Administración del pago de las cantidades que correspondan, reservándose el derecho al reembolso que será exigido posteriormente por la Administración, incluso por vía de apremio, a los ciudadanos que indebidamente reciban la prestación".
"Pese a no tratarse de una demanda nueva, la reformulación de los términos planteada por los citados Colegios que ahora delimita el alcance de esta obligación ha sido determinante para la inclusión en el texto del anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que próximamente será elevado al Consejo de Ministros", señala.
A iniciativa del Colegio de Abogados de Madrid, la ley recogerá la propuesta planteada por el Ministerio a las comunidades autónomas con las competencias transferidas relativa a la firma de convenios que permitan asumir el pago directo a los profesionales del turno de oficio con el compromiso de efectuar las liquidaciones de conformidad a la Ley de la morosidad, configurando así legalmente este compromiso.
De este modo, se podrá poner fin a los "graves retrasos" de las Administraciones públicas en el pago a los abogados que garantizan el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
