MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo ha confirmado la indemnización de más de 6 millones de euros que deberán recibir las familias de los 62 militares españoles fallecidos en el accidente del Yakolev-42 ocurrido el 26 de mayo de 2003 en Turquía, cuando regresaban a España tras haber permanecido cuatro meses y medio en una misión en Afganistán.
La Sala Primera del alto tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por la empresa transportista Chapman Freeborn Airmarketing GmbH y ha confirmado la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza que condenaba a ésta compañía, a Ukranian Mediterranean Airlines y a Busin Seguros a pagar indemnizaciones por valor de cerca de 6.200.000 euros.
La Audiencia Provincial declaraba probado que la causa del siniestro radicó en la ejecución por los pilotos de un intento de aterrizaje de un modo técnicamente "inadecuado" a las circunstancias concurrentes.
La sentencia de instancia afirmaba que la compañía aérea Ukranian Mediterranean Air (UM Air), la contratista Chapman Freeborn y la aseguradora Busin Joint fueron responsables del vuelo mortal. El aparato se estrelló en el monte cercano al aeropuerto de la ciudad turca de Trabzon.
COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS
La sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado José Ramón Ferrándiz, rechaza la alegación de la Chapman de que las indemnizaciones deberían haberse tramitado en la jurisdicción contencioso-administrativo.
El alto tribunal alega que se trata de una acción de condena por responsabilidad civil contra un particular, no contra la Administración, y resuelve la competencia de los Juzgados de Primera Instancia que conocieron inicialmente el asunto.
La compañía recurrente también planteaba la existencia de un vínculo de solidaridad con el Ministerio de Defensa, lo que consideraba que determinaba que las cantidades abonadas por el Miniterio en concepto de indemnizaciones fueran descontadas de su condena.
Los magistrados del Supremo también desestiman esta pretensión porque la indemnización concedida por la Administración no tenía el mismo régimen jurídico que la acordada en el proceso civil ya que "no procedía de una responsabilidad del Estado por la deficiente ejecución de la pretación del servicio de transporte por las empresas obligadas a realizarlo con seguridad".
La sentencia recuerda la doctrina de la Sala que impide entrar a conocer sobre la cuantía de las indemnizaciones acordadas en la sentencia recurrida porque corresponde a los tribunales de instancia su fijación, salvo supuestos excepcionales, que no son aplicables a este caso.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Zaragoza rechazó en noviembre de 2010 los recursos presentados por las empresas responsables del vuelo y aumentaba la indemnización que deberá recibir la familia de una víctima. El tribunal reiteraba los pronunciamientos de varios juzgados de instrucción que hablaban de los "graves errores" en cadena que cometieron los tripulantes del vuelo.
En cuanto a la responsabilidad penal, el Supremo confirmó en marzo de 2010 íntegramente la sentencia dictada por la Audiencia Nacional contra el general de División retirado Vicente Carlos Navarro y dos de sus subordinados por su responsabilidad en el accidente del Yak-42.
El Gobierno indultó en abril del presente año la concesión del indulto parcial a los dos únicos condenados aún vivos, los comandantes sanitarios José Ramón Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García, y levantó su inhabilitación especial por falsear identidades.
