BILBAO, 13 (EUROPA PRESS)
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha afirmado que la situación de crisis económica que vive el Estado demanda una justicia "más social" y, en este sentido, ha emplazado a los jueces y magistrados a interpretar la norma "en el marco del ordenamiento jurídico y de la realidad social", ya que éstos "no pueden ser ajenos al contexto social que les envuelve".
Bravo ha realizado estas declaraciones en el discurso de clausura de unas jornadas en Bilbao bajo el título "Comunicación y Justicia", que ha reunido a autoridades del ámbito judicial como el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, o el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, además del alcalde, Iñaki Azkuna, quien ha acudido a la clausura.
En su intervención, la portavoz del CGPJ ha señalado que esta cita ha tenido lugar en un momento "extremadamente oportuno", en el que el poder judicial vive "tiempos difíciles", al estar inmerso en una "etapa intensa", que ha comparado con la que viven los medios de comunicación.
A su juicio, la "dura crisis económica" que sufre el Estado desde hace más de cuatro años conforma "un tiempo muy difícil para la salvaguarda del Estado de Derecho". "Son tiempos de zozobra que presagian fracturas en el mismo -en el Estado de Derecho- y los derechos inherentes a la condición humana parecen, en ocasiones, estar ya en peligro", ha manifestado.
Todo ello, ha añadido, se une a la "creciente desconfianza" en las instituciones públicas por parte de la sociedad, lo que obliga a éstas a plantearse "hasta qué punto está garantizada la solvencia" de las mismas y "sobre todo, si disponen de mecanismos adecuados" para proteger los derechos fundamentales.
JUSTICIA "MÁS SOCIAL"
A su entender, la crisis económica también demanda al poder judicial una justicia "más social", que incorpore los principios éticos y los valores constitucionales que "nos obligan a integrar la aplicación y la interpretación de la Ley en los principios de la Constitución".
Para Bravo, el sometimiento del juez a la Ley "no lo convierte en un mero aplicador de la norma". "Sujeción a la norma, pero también a los principios generales del derecho enmarcados en la Constitución y en los convenios internacionales, pues son el oxígeno que respiran las leyes".
En esta línea, ha considerado que los jueces deben interpretar la norma "en el marco del ordenamiento jurídico y de la realidad social", ya que los magistrados "no pueden ser ajenos al contexto social que les envuelve".
"La justicia vive un tiempo convulso", ha señalado, al tiempo que ha recordado que la carga de trabajo en algunos juzgados y tribunales "están alcanzando cotas que hace cinco años eran impensables". A su juicio, si se ha logrado evitar "el colapso" ha sido "fundamentalmente gracias al esfuerzo de muchos jueces" que han ejercido su función "desde la responsabilidad para salvaguardar los derechos ciudadanos". El colectivo judicial, sin embargo, "no ha sido "siempre reconocido por la sociedad", según Bravo.
En este punto, ha recordado el "compromiso" adoptado desde el principio de su mandato por el poder judicial en favor de una Administración de Justicia "eficaz y eficiente, al servicio del ciudadano", que "garantice" las condiciones de trabajo, la dignidad y los principios constitucionales, que deben "estar siempre presentes" en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Tras considerar, en relación al tema central de las jornadas, que la crisis económica ha conducido a los medios de comunicación a "un callejón sin salida", en el que la "única estrategia empresarial" es el "continuo deterioro de las relaciones laborales" en el sector, Bravo ha señalado que "más allá de las realidades propias", a jueces y periodistas "les debe comprometer la realidad ajena".
FUERA "HACE FRÍO"
La portavoz del CGPJ ha recordado, en este sentido, que los organizadores de estas jornadas han tenido que comprimir el programa de las mismas para sortear la huelga convocada para este miércoles, y ha afirmado que "al otro lado de estas bonitas paredes del Ayuntamiento hace mucho frío", debido a que la ciudadanía "está siendo azotada y comprimida" por la crisis.
"Es un drama personal y humano, de cuya prueba suficiente es la tragedia repetida precisamente el pasado viernes en Barakaldo", ha señalado, en referencia a la mujer que ese día se lanzó por la ventana de su domicilio instantes antes de ser desahuciada. En este contexto, ha estimado que la "mejor estrategia" de la judicatura "debe ser el diálogo, con la palabra como mejor arma".
PAPEL DE LOS MEDIOS
Respecto al tema de las jornadas, que han versado sobre justicia y comunicación, Bravo ha recordado que los medios "tampoco son ajenos a la realidad social" en el ejercicio de su función, sino que "a veces hasta la condicionan y parece que sustituyan las decisiones de las instituciones políticas".
"Han dejado de ser meros instrumentos para convertirse, precisamente, en parte del proceso político, como agentes políticos con intereses propios", ha manifestado, para añadir que los medios juegan "un doble papel", por un lado son "altavoces" de los discursos de las instituciones con las que los electores "configuran sus decisiones", y por otro son "voceros" de la opinión pública a partir de la cual los políticos "conforman sus agendas y toman sus decisiones".
Bravo ha emplazado, tanto a jueces como a periodistas, a que recuerden "las vocaciones" que les llevaron al ejercicio de sus funciones. "Que recuerden que ambos son servidores públicos, imprescindibles para que la sociedad siga disfrutando de una alta calidad democrática en su convivencia", ha dicho.
Asimismo, se ha mostrado "especialmente preocupada" por la información ofrecida por los medios sobre los juzgados y tribunales, ya que "parte de la imagen" de la justicia "viene determinada por esa imagen que se transmite a través de las noticias que cuentan día a día".
En este contexto, ha señalado que "ningún derecho fundamental es absoluto", y ha considerado que, en el ejercicio del derecho a la información, es necesario actuar "con la debida ponderación", para que el ejercicio de un derecho "no ocasione perjuicios irreparables en la adecuada protección del resto de derechos fundamentales".
