UNA LEY HIPOTECARIA MÁS JUSTA Y COMPASIVA
Mientras dure la crisis actual, los jueces deberían poder aplazar o suspender el desahucio de quienes no puedan seguir pagando su hipoteca por estar sin trabajo. Esta es, ciertamente, una de las “Propuestas para la Agilización y Reforma de los Procesos Civiles” presentadas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por un grupo de magistrados. También es una de las reformas contempladas en la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatori DESC (junto con otras organizaciones sociales y sindicales). Pero además -y quizá sobre todo- resulta ser la rotunda opinión que expresa el 94% de los españoles, según los datos del sondeo de Metroscopia recogidos en el cuadro que acompaña a estas líneas.
La sociedad española empatiza de manera unánime con el drama que representa un desahucio. En lo que llevamos de 2012, las ejecuciones hipotecarias arrastran una media de 526 desahucios diarios. El actual procedimiento, que data de 1909, no recoge ni su aplazamiento ni su suspensión. Algo posible con las reformas ya sugeridas por el Defensor del Pueblo y recogidas en el informe de propuestas coordinado por el vocal del CGPJ Manuel Almenar.
Los datos del sondeo revelan también cuál es la impresión de los ciudadanos respecto a la posición de poder de las entidades bancarias en este tipo de procedimientos. El 86% piensa que las normas que regulan las hipotecas protegen, en conjunto, más los intereses del banco que concede el préstamo que los del cliente que lo solicita. Ciudadanía, magistrados y afectados coinciden en la necesidad de buscar “una solución equilibrada que evite la exclusión social y distribuya equitativamente las consecuencias de esta crisis” (en palabras del ya mencionado informe).
La dación en pago es el tercero de los puntos donde la respuesta de los ciudadanos es concluyente. El 86% considera que ha de ser posible cancelar totalmente una hipoteca con la entrega al banco o caja de la casa hipotecada. Hasta el momento, esta posibilidad depende únicamente de la buena voluntad de la entidad financiera. Ni siquiera la aprobación del real decreto ley del pasado 9 de marzo, que propone un Código de Buenas Prácticas al respecto, ha representado un cambio significativo en relación con la dación. Los datos de la Asociación Hipotecaria Española siguen reflejando un panorama desolador. En la primera mitad de este año ya se han efectuado 48.213 ejecuciones hipotecarias, un 14,1% más que en el mismo periodo de 2011.
La previsible reforma de dicho Código de Buenas Prácticas puede no ser suficiente cuando los españoles, unánimemente, se muestran a favor de una legislación hipotecaria más equitativa, compasiva y actualizada. Encima de la mesa hay dos propuestas. Una, el informe presentado al CGPJ por los propios magistrados. Otra, la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por los mismos afectados (cuyo plazo de recogida de firmas finaliza el 25 de enero). Es una responsabilidad moral del Ejecutivo reaccionar sin necesidad de conocer el único dato que parece faltar, el del número de suicidios motivados por esta realidad que supone a miles de ciudadanos la peor de las ruinas. La ruina vital.
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