SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
HA intentado alguna vez montar una empresa? Es fácil desesperarse en la maraña de requisitos burocráticos que se necesitan para iniciar una actividad económica y sucumbir ante el gasto que suponen. Los costes administrativos asociados al procedimiento, y los retrasos en su terminación, pueden hacer inviables los planes de negocio y provocan que muchas empresas o actividades no lleguen a comenzar. A menudo se trata de cargas superfluas, no suficientemente justificadas, que podrían suprimirse sin que se viera afectado el interés general. En este momento, en el que resulta imprescindible encontrar palancas que dinamicen la recuperación económica, es imperativo revisar todos esos requisitos y cargas administrativas para facilitar la creación de empresas y el inicio de actividades. Tanto más, cuanto que se trata de políticas que pueden implementarse a coste cero, con los propios recursos de que dispone la Administración y sin necesidad de incurrir en nuevos gastos que dificulten el compromiso de contención del déficit.
Lo mejor del caso es que existe ya una gran cantidad de experiencias que pueden utilizarse como referente: EE.UU. (desde 1993), Holanda y el Reino Unido ofrecen interesantes ejemplos de planes de simplificación. La Unión Europea promueve diversos programas desde hace décadas (la Directiva de Servicios es uno de sus principales resultados). La OCDE viene impulsando iniciativas desde hace una década, mediante dos programas paralelos: Cutting Red Tape y Better Regulation. Incluso Portugal, Chile o Vietnam han aplicado programas exitosos de simplificación. En España también hay valiosos ejemplos en las CC.AA.: Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla y León son sus mejores exponentes.
Las técnicas de simplificación de procedimientos pueden clasificarse en dos grandes grupos: las que pretenden reducir las cargas administrativas que pesan sobre los ciudadanos, y las que intentan racionalizar y agilizar la gestión de los procedimientos administrativos para hacerlos más eficientes. En cuanto a lo primero, resulta particularmente útil el Standard Cost Model (SCM), un modelo consensuado por una gran cantidad de países en el que se establece un coste estimado para cada gestión o carga que recae sobre las empresas y ciudadanos, lo que permite medir el coste de cada procedimiento y el ahorro que se consigue suprimiendo cada carga. Por ejemplo, la presentación personal de una solicitud tiene un coste estimado de 80 €, pero cuando la presentación es telemática el coste se reduce a 5 €; si en un determinado sector se crean 1.000 empresas al año, articular un medio telemático para que se presente la solicitud tiene un ahorro estimado de 75.000 €/año. El SCM incluye, además, una concreta batería de técnicas mediante las que conseguir la simplificación (y por consiguiente, el ahorro): sustituir las autorizaciones por comunicaciones previas, generalizar el silencio positivo, obligar a la presentación de la documentación sólo a la finalización del procedimiento...
La aplicación del SCM permite liberar millones de euros que pueden ser destinados a otras actividades mucho más productivas que la mera burocracia. En España se ha implantado su uso mediante el RD 1087/2009, que regula la memoria de impacto normativo, pero adolece de dos defectos: de un lado, su aplicación no es exigible a todas las Administraciones públicas, por lo que las CC.AA. y las Entidades Locales no tienen el deber de aplicarlo, y de hecho no lo hacen, salvo alguna honrosa excepción (p. ej., Cataluña). De otro lado, no se han diseñado planes o programas rigurosos para revisar el conjunto de la legislación existente aplicando el SCM, de tal manera que nuestro ordenamiento sigue presentando miles de procedimientos inútilmente costosos para la ciudadanía.
El otro tipo de técnicas de simplificación es la mejora en la eficiencia del procedimiento administrativo, procediendo a su rediseño funcional para hacerlo más ágil y racional. En este punto las CC.AA. han desarrollado metodologías interesantísimas. La Junta de Andalucía era un referente en este tipo de técnicas (ahora se está quedando un poco atrás); la Comunidad Valenciana, Cataluña o Castilla y León las vienen potenciando últimamente.
La gran oportunidad que se nos presenta ahora es aprovechar todo este acervo para implantar una metodología rigurosa y global de simplificación de los procedimientos administrativos, para lo que es necesario adoptar dos determinaciones inmediatas. Por una parte, se deben aplicar todas las técnicas de simplificación administrativa al dictar cualquier nueva legislación, de manera que no se apruebe ninguna disposición (legal o reglamentaria) sin utilizar los instrumentos de reducción de cargas y agilización de trámites que ya conocemos. Esto supone integrar todas las técnicas existentes (hasta ahora las iniciativas son fragmentarias o parciales) e implicar a todos los poderes públicos, es decir, también a las CC.AA. y, sobre todo, a las Entidades Locales, que son las grandes ausentes en este escenario. Pero además, es preciso aprobar planes sistemáticos de revisión de todos los procedimientos administrativos existentes, desplegando sobre ellos un cribado de técnicas de simplificación y priorizando en el orden temporal los que afecten a las actividades económicas.
En definitiva, la simplificación de los procedimientos administrativos puede aplicarse a coste cero y se traduce en resultados inmediatos. No supone recortes en las prestaciones y sin embargo contribuye decisivamente a la recuperación económica, sin menoscabo del interés general. ¿A qué esperamos para potenciarla?
