El Mundo. 19.10.2012
Durante unas jornadas en Madrid organizadas por los sindicatos CSI-F, CEP y CESI, Cosidó ha manifestado que esta prohibición se aplicaría cuando las imágenes en cuestión puedan poner "en peligro" la integridad del agente policial o "en riesgo la operación".
Según Cosidó, con esta y otras medidas, que se enmarcarían en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, se busca establecer las medidas "más adecuadas" para "facilitar el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, especialmente cuando la integridad física se puede ver amenazada así como la conservación de bienes públicos o privados ante situaciones de acción violenta o especial alteración del orden público".
En las jornadas, el director general ha advertido de un "problema que se deriva de estos tiempos complicados", como es el "incremento de la violencia contra la Policía en momentos puntuales de agitación".
'Cultura violencia'
Tras poner como ejemplo manifestaciones como las del aniversario del 15-M o las protestas mineras en Madrid y Asturias, ha remarcado que "este fenómeno aumenta considerablemente la dificultad del desarrollo profesional en tanto que la integridad física de los agentes puede verse comprometida y dañada". A su juicio, esto pone de manifiesto "un avance en la aceptación de una cultura de violencia, una cultura que mina las bases de una sociedad pacífica y solidaria".
Por este motivo, ha hecho hincapié en que "dar seguridad a los policías es un principio básico, un eje fundamental de la política de seguridad" del Gobierno, de modo que ha destacado que, "a pesar de las dificultades presupuestarias", ya se ha puesto en marcha la futura adquisición de hasta 20.000 chalecos antibalas.
Pero además de la protección física de los agentes, Cosidó ha subrayado la necesidad de "aumentar su protección jurídica" poniendo a disposición de los policías "servicios jurídicos de asistencia que puedan defenderles ante situaciones conflictivas que se puedan producir en algunas intervenciones".
Reforma del Código Penal
Cosidó ha aprovechado también para manifestar su apoyo al anteproyecto de reforma del Código Penal, que, a su juicio, sienta "las bases para la prevención y persecución de las conductas que atentan gravemente contra el orden público".
Entre algunas de las novedades que incluirá el Código Penal, el director de la Policía ha recordado que la definición de delito de atentado variará para incluir en él todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente de las fuerzas de seguridad o miembros de servicios de asistencia y rescate.
La acción de resistencia pasiva, junto a la desobediencia, se mantiene penada con entre seis meses y un año de cárcel. La falta de desobediencia desaparece, pero se sancionará como infracción administrativa en la Ley de Seguridad Ciudadana.
Otra novedad afecta a la alteración del orden público. La pena se agrava cuando se porten armas, se exhiban simuladas o se realicen actos de violencia con peligro para la vida o integridad de las personas, así como los actos de pillaje.
Sólo se castigará la difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público o actos de violencia, pero no la simple convocatoria a movilizaciones.
