¡Vaya semanita!
Tras lo ocurrido esta semana en España, recordaba algunas reflexiones que he hecho en esta misma tribuna en relación con el debate abierto sobre nuestro modelo de Estado y la actual coyuntura económica, y por ello, la necesidad de que se proceda a un cierre definitivo del sistema, que ponga fin a la actual situación de permanente apertura y de permanente reivindicación. Recordaba cómo Alemania hizo sus deberes hace años, y ordenó su Estado federal. Nuestra Constitución sanciona en su artículo 2 la solidaridad como uno de los principios básicos de nuestro sistema político, desempañando una función integradora, sostén del equilibrio interterritorial; pero este principio debería servir de afirmación de lo que en Alemania se denomina lealtad federal. La solidaridad se garantiza en instrumentos económicos, de tal suerte que no hay autonomía sin autonomía financiera, pero a su vez no podemos olvidar que cada comunidad autónoma forma parte de la indisoluble Nación Española, de tal modo que este principio de solidaridad debe existir e inspirar el ámbito financiero, algo que debe servir a mantener la indisolubilidad de España. Esta solidaridad debe estar ínsita en el de lealtad a la Constitución, al Estado y al resto de las CCAA, teniendo en cuenta que el fin superior son las necesidades de los ciudadanos, y estas son básicamente iguales en toda España. Esto exige no sólo solidaridad interterritorial, sino también responsabilidad en la gestión de los recursos financieros propios. Esto quiere decir que no sólo resulta insolidaria una práctica de un gobierno autónomo que evite e impida la ayuda a otras comunidades autónomas, sino y también resulta no solidario, ejercer políticas económicas de gasto absolutamente irresponsables. Ya adelantaba que lo que se impone es una necesidad compartida por todos, que asuma, que sin esperar a difíciles reformas constitucionales, es necesario hacer una revisión del Estado actual de las CCAA, y hacer arreglos, adaptaciones y cambios. Se hace necesario poner fin a las constantes reivindicaciones de más autogobierno por parte de unos, y la calificación de la titularidad de las competencias, decidiendo de una vez por todas a quien le corresponde cada una, esto es, entendiendo el modelo de Estado de las autonomías como un modelo de cierre, y no como un modelo permanentemente abierto. Hoy en día, cada vez son más las voces que exigen una revisión el modelo, si bien no debiera equivocarse el tiro. Un aspecto muy importante es, como he dicho, calificar y racionalizar el modelo, y otro no menos importante, es renacionalizar la forma de prestación de los servicios públicos, porque de nada vale hacer un baile de competencias, sino se gestionan los servicios públicos con un mínimo de responsabilidad y eficiencia. En Europa se concentran las tres cuartas partes de funcionarios públicos del mundo, y eso es algo, que si bien en un sistema de gestión pública de servicios tiene una explicación, habrá que hacer un profundo estudio de la forma en que se prestan. La solución no está en una generalizada desaparición de lo público, sino en una adecuada racionalización, que no sólo pasa por la adecuación de los recursos humanos a las necesidades reales, sino y también, por la introducción en la gestión pública de servicios, de criterios de gestión más propios del ámbito privado. Por ejemplo, ¿por qué no se introduce un sistema serio de evaluación del desempeño del empleo en la función pública, que incentive a trabajar más y mejor, y no a esperar un reparto paritario del denominado plus de productividad?. ¿Por qué no se hace competir a entes públicos entre sí?, generando excelencia. Son muchas las reformas a hacer y muchas las que se han emprendido, tenemos que asumir que ya nada será igual, y que todo está cambiando. Los responsables políticos, y sobre todo los autonómicos, deberían entenderlo así, y pensar sobre todo en el intereses de los ciudadanos y no en el de las instituciones autonómicas o los territorios. Llama poderosamente la atención, que esta misma semana, desde una determinada comunidad autónoma que cuestiona una reciente reforma del gobierno en materia de libertad de horarios comerciales, por entender que se ha invadido una competencia autonómica, se amenace a quienes cumplan con la legalidad vigente, con sanciones retroactivas, si el Tribunal Constitucional, declara tal invasión. Al margen del despropósito jurídico sin parangón, la pregunta es ¿en qué piensan estos políticos?, ¿en sus intereses políticos o en los de los ciudadanos? la verdad es que resulta increíble pensar que estas cosas pasan en España. No se debe olvidar, que el principio de solidaridad interterritorial se proyecta como una obligación, y para garantizarlo surge el principio de equilibrio presupuestario, siendo garante de ambos el Estado, y ello dentro de un modelo en el que el poder político de una CCAA es un poder derivado, siendo del Parlamento de la nación el que representa la única soberanía popular, la del pueblo español.
