MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
En una sentencia fechada el pasado 24 de mayo, a la que tuvo acceso Europa Press, el Constitucional estima el conflicto de competencias presentado por el Gobierno central y declara que las resoluciones de 17 de noviembre de 2005 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras vulneran las competencias del Estado.
En concreto, estas resoluciones se refieren a la adjudicación de los contratos de consultoría y asistencia del anteproyecto de construcción y explotación de la obra "cierre Norte de la M-50. Tramo: A-6 a M-607" y del anteproyecto de construcción y explotación de la "nueva carretera R-1. Tramo: El Molar/M-12 y cierre Norte de la M-50. Tramo: 607/A-1".
Asimismo, otra sentencia dictada el pasado 5 de junio acuerda anular las resoluciones de 9 de febrero de 2006 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, por la que se hizo públicas las adjudicaciones, por concurso abierto y urgente, de los contratos de consultoría y asistencia relativos al anteproyecto de construcción y explotación de las obras referidas anteriormente.
En la primera resolución, el Gobierno de la Nación justifica su competencia en relación con todas las actuaciones relativas a las carreteras M-50 y R-1 en que dichas vías están integradas en la red de carreteras del Estado.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid sostenía que las carreteras mencionadas son de su competencia exclusiva dado que "su itinerario discurre íntegramente dentro de este territorio, siendo, también, la realización de dichas infraestructuras, de interés autonómico".
ARGUMENTACIÓN
Según el Constitucional, si el tramo de la denominada por la Comunidad de Madrid 'nueva carretera R-1' comprendido entre El Molar y la M-12 coincide con una parte del itinerario de la carretera estatal R-1, "el competente para elaborar los estudios previos para la construcción de la autopista es el Estado".
"La titularidad de una Administración sobre una carretera determina su competencia no sólo para su construcción sino para todos los aspectos conexos con ella", recalca la resolución.
Asimismo, el tribunal señala que "el desinterés que el Estado pueda mostrar en la construcción a medio plazo del proyecto de cierre de la M-50 al no haber incluido el mismo en el plan estratégico de infraestructuras y transportes 2005-2020 no puede ser invocado por la Comunidad Autónoma para arrogarse una competencia que no le pertenece".
Y añade que "no hay que olvidar que el establecimiento de fórmulas de colaboración entre las Comunidades Autónomas y el Estado requiere el mutuo respeto de las respectivas competencias, que son irrenunciables, en el marco establecido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía".
