MÁLAGA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) –
En la sesión de este miércoles del juicio a la presunta trama de corrupción en Marbella, han expuesto sus informes finales los letrados de los exconcejales Rafael González Carrasco, Tomás Reñones, José Luis Fernández Garrosa y Carmen Revilla; y también el del empresario Enrique Ventero, combatiendo los argumentos que, en cada caso, sostienen las acusaciones, tanto Fiscalía, como Ayuntamiento y Junta de Andalucía, para mantenerlos en el proceso.
Así, en el caso de González Carrasco, su abogado ha indicado que esperaba la retirada de acusación puesto que su cliente ni estaba en las comisiones de gobierno, ni tomó posición en la moción de censura contra el exalcalde Julián Muñoz, recordando que "no tenía ni voz ni voto" en las juntas de gobierno, que "en ningún momento se podrá enseñar un informe negativo que haya contravenido" y que no intervino en ninguno de los asuntos que se califican como injustos.
Por esto, ha incidido en que "carece absolutamente de sentido el que se le pagara en un hipotético cohecho" por actos administrativos, aunque sí ha reiterado que siempre admitió, al igual que el presunto cerebro de esta supuesta trama, Juan Antonio Roca, que éste le daba dinero como préstamo por el embargo de su sueldo por parte del Tribunal de Cuentas. Además, su cliente reconoció dos pagos más que no estaban contabilizados por las acusaciones.
La defensa de Tomás Reñones ha dicho no saber "qué pinta en esto el concejal de Deportes", cuestionando, por tanto, los conocimientos que tenía en relación con los hechos por los que se le acusa. Ha apuntado que "lo que llegaba a los ediles en las comisiones de Gobierno venía ya hecho, concluso y debidamente informados por los informes técnicos y jurídicos", al tiempo que ha incidido en que "pocos tenían los conocimientos suficientes" sobre convenios.
Sobre los supuestos sobornos, ha manifestado que "no se puede acreditar" que haya una coincidencia entre los pagos que aparecen en los archivos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, vinculada a Roca, con movimiento bancario en las cuentas de Reñones y ha asegurado que, aún teniendo en cuenta la declaración de Roca de que dio sobres con dinero a los portavoces, éste nunca señaló que le diera dinero a su patrocinado.
En el caso de Fernández Garrosa, su letrado se ha preguntado "lo que sabrá un concejal de Personal de urbanismo". "Los que saben son los técnicos", ha dicho, lamentando que su cliente "no tiene patrimonio, está muerto de hambre, pero tiene seis años de tragedia personal, de destrucción familiar, y no hay derecho que una persona que es inocente termine siendo un apestado en la sociedad". "Hay gente honorable", ha afirmado, insistiendo en que no hay indicios.
Respecto a Carmen Revilla, su defensa ha señalado que sólo era la concejala de la Mujer y "no sabe ni papa de urbanismo", por lo que no acudió a reuniones con cargos de otras administraciones al respecto. Asimismo, no conocía a ninguno de los empresarios acusados, ni tenía intereses en los proyectos, por lo que ha concluido que "no hay ningún tipo de dolo en su actuación", aunque ha ido más allá, no hay "ni prueba de cargo ni indicio contra ella".
El letrado ha explicado que un documento hallado en su casa sobre la moción de censura fue "prefabricado", por consejo de su entonces abogado, José Luis Sierra, "para inculpar a una serie de personas a cambio de la no imputación" de ella, que ya pidió disculpas y lo ha vuelto a hacer a través del abogado. Ha negando cualquier pago, a parte de un préstamo, y ha dicho que del análisis patrimonial se ve que "es una persona normal, es decir, un españolito de a pie".
CUESTIONAN LOS INFORMES
Algo que prácticamente todas las defensas han cuestionado son los archivos informáticos intervenidos en la sociedad Maras Asesores, vinculada a Roca, que para las acusaciones suponen la contabilidad de éste y que las defensas no admiten su validez; y los informes de la Agencia Tributaria y la forma en la que éstos se elaboraron por funcionarios, que han comparecido como testigos-peritos en el juicio oral.
Respecto a los informes periciales, el letrado de Rafael González ha apuntado que "estos casos mediáticos, en los que hay consignas políticas, ordenes políticas, no a los órganos judiciales, pero sí a los órganos gubernamentales, y les dicen cómo tienen que actuar, hacen que estos peritos, aunque sean de organismos públicos, carezcan de la imparcialidad que se les supone y se les pide, porque en un exceso de celo pierden absolutamente esa objetividad".
Para refrendar que los peritos y los investigadores "se confunden", el letrado de Fernández Garrosa se ha referido a las cifras que se dieron primero sobre Bankia y las que se manejan ahora. "Si los peritos del Estado son capaces de confundirse entre 3.000 millones a 30.000, por qué tengo yo que aceptar que las iniciales pertenecen a mi cliente", ha apuntado esta defensa, que ha reiterado que se habrán podido cometer irregularidades, pero no delitos.
También han vuelto a arremeter contra la instrucción del juez Miguel Ángel Torres, al considerar que se trató de "rellenar el muñeco creado", según el abogado de Fernández Garrosa; y han vuelto a incidir en lo que supuso para los acusados su detención, los días que estuvieron en los calabozos y la forma en la que se produjeron las primeras declaraciones ante el instructor, así como la repercusión del caso en la opinión pública.
En este sentido, siguiendo al letrado de la exalcaldesa Marisol Yagüe, el letrado de Rafael González ha expresado su temor a que este caso "se haya hecho con la idea de que sea el cadalso del siglo XXI para con luz y taquígrafos se dé gusto a la opinión pública", apuntando que "la última frontera de la democracia son ustedes señoría, los jueces, los que a pesar del 'panem et circenses', de que la opinión pública quiera lo que quiera, son capaces de estudiar con profundidad quién merece una condena o una absolución".
