MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dio un plazo de 24 horas a varias consejerías de la Administración regional para que remitieran copia de los 317 contratos investigados por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el marco del procedimiento sobre la trama de corrupción Gürtel, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Así consta en un oficio recibido esta semana por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el que se acredita que, tras recibir su mandamiento judicial, la Presidencia de la Comunidad de Madrid remitió un oficio a las secretarías generales técnicas de los departamentos que contrataron la organización de eventos con las empresas de la trama.
El juez solicitó el pasado 18 de mayo estos contratos "en el plazo improrrogable de un mes" para tratar de determinar si se realizaron por mediación del exconsejero de Deportes y exdiputado en la Asamblea madrileña, Alberto López Viejo, y el exdiputado y gerente de la empresa municipal de vivienda de Boadilla del Monte, Alberto Bosch Tejedor, ambos imputados en la causa.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los dos cargos públicos pudieron haber recibido pagos relacionados con la firma de estos contratos para la organización de los eventos, entre los que figuraban el primer aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004, un homenaje en memoria de Miguel Angel Blanco o el encargo de un cuadro del ex alcalde madrileño y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
BENEFICIO EN COMPARACIÓN CON EL MERCADO
Por otra parte, el juez Ruz ha solicitado a la Agencia Tributaria que le facilite información sobre "el margen de beneficio" que habrían obtenido las empresas de la trama Easy Concept, Servimadrid Integral, Good and Better y Diseño Asimétrico y su "comparación con el margen ordinario de las sociedades dedicadas a esta actividad mercantil".
Así consta en una providencia dictada el pasado 15 de junio por Ruz, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se requiere esta información por iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción. La investigación parte del análisis de la documentación intervenida en el domicilio de la imputada Isabel Jordan, directora de la empresa Easy Concept, y tras la detección de la existencia de una 'caja B' en la que se detallaban pagos a cargos públicos.
El pasado 31 de mayo Ruz interrogó en el marco de la investigación a Pedro Fuste y Alejandra Lascary, trabajadores de Easy Concept, y a Rocío Perea, empleada de Servimadrid Integral. Perea declaró que sus superiores le ordenaron sacar 170.000 euros en dos cheques de 115.000 y 55.000 euros y que Jordán le reclamó el dinero en la misma puerta del banco, como acredita un acta notarial que obra en la causa.
