VALLADOLID, 5 (EUROPA PRESS)
La citación del máximo regidor vallisoletano se produce después de que la fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez Jerez, y la fiscal del caso, Ana Valle, mantuvieran hace tres semanas en Madrid un encuentro con miembros de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado con el fin de recabar la opinión del departamento que dirige Eduardo Torres Dulce respecto de tal posibilidad, según una información del Diario El Mundo recogida por Europa Press.
Evacuada dicha consulta, cuya trascendencia en los medios de comunicación ha sido interpretada por León de la Riva como una "filtración interesada para tratar de presionar al Fiscal General", la Fiscalía Vallisoletana ha recibido finalmente luz verde para citar al primer edil del PP como imputado, algo que en los últimos meses ya han hecho el exconcejal de Urbanismo José Antonio García de Coca, seis técnicos municipales y varios constructores.
DENUNCIA EN 2008
El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos --el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos-- y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.
"A partir de ese momento, el concejal de Urbanismo y quizás otras personas realizaron alteraciones subrepticias en el texto refundido que fueron enviadas de nuevo a la Consejería de Fomento para ser publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León", denunció cinco años después el que hoy sigue siendo presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente.
La denuncia de los socialistas fue puesta en manos del Juzgado Decano por parte de la Fiscalía vallisoletana, que pidió la declaración de García de Coca como imputado y apuntaba la posibilidad de recabar el testimonio del propio alcalde y del consejero de Fomento, Antonio Silván, así como de encomendar a la Policía Judicial la investigación con el acceso a toda la documentación mencionada y averiguar qué personas se beneficiaron de las modificaciones realizadas en el texto del PGOU.
Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación pública tras desembolsar 8.000 euros de fianza.
