MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) emprenderá acciones legales en Argentina contra el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner si no son indemnizados por la pérdida patrimonial provocada por la expropiación del 51% de YPF a la petrolera española.
Para ello, el bufete Cremades & Calvo-Sotelo, representante de Aemec, ha contratado al exministro de Justicia de Argentina entre junio de 1994 y julio de 1996 bajo el Gobierno de Carlos Menem, Rodolfo Barra, cuya presentación tuvo lugar este viernes en un encuentro con los medios.
Barra explicó que se presentará una acción de amparo ante la jurisdicción ordinaria argentina porque "la expropiación es arbitraria y antijurídica", ya que las leyes argentinas impiden al Gobierno expropiar la compañía sin pagar por ello. "Esto supone una confiscación que viola las leyes argentinas e internacionales", afirmó.
En este sentido, el exministro apuntó que se impugnará en amparo la ley de expropiación, actualmente en trámite parlamentario tras la aprobación ayer por parte del Senado de Argentina, ya que el Gobierno "no tiene derecho a asumir los órganos de control de la compañía sin pagar" un justiprecio, que determinará el Tribunal argentino de Tasaciones.
Antes de acudir a los tribunales, Barra será el encargado de contactar con el Gobierno de Kirchner con el objetivo de acordar una conciliación para que los minoritarios reciban una "justa compensación" del valor de mercado que tenían los títulos antes de que comenzaran las acciones de hostigamiento, fecha que fijó entre noviembre y diciembre de 2011.
Aemec estima que la acción de Repsol ha caído hasta un 30% desde la expropiación. En caso de acudir a los tribunales, se valorarán las pérdidas de forma individualizada para cada accionista. "Cualquier valor que no sea razonable se podrá impugnar", afirmó Barra.
ARBITRAJE Y 'SHAREHOLDER ACTION' EN EEUU.
En caso de que la vía argentina no prospere, Aemec acudirá a reclamar ante el Tribunal Internacional de Arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en central de Washington, por vulneración de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI).
Además, el socio de Cremades & Calvo-Sotelo Miguel Ángel Serrano anunció que cuatro despachos estadounidenses están analizando la posibilidad de presentar una 'shareholder action' en el país, ya que Repsol cuenta en EEUU con numerosos accionistas minoritarios, así como internacionales.
Por último, Serrano explicó que, unidas a todas estas medidas, se va a iniciar una labor de presión institucional y 'lobby' ante la Unión Europea (UE) en defensa de los minoritarios. "Existe gran posibilidad de éxito porque tanto Repsol como los accionistas tienen toda la razón", concluyó Barra.
