SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)
En una providencia notificada este lunes, la magistrada decidió posponer la declaración del exconsejero de Empleo del miércoles, cuando estaba prevista, al viernes, todo ello tras recibir por parte de la Guardia Civil nueva documentación sobre la empresa González Byass, en cuyo ERE de 2008 apareció incluido.
Así, la juez Alaya retrasó la declaración de Antonio Fernández ante la "necesidad de que esta documentación se entregue a todas las partes" personadas en la causa. El inicio de la declaración queda fijado para las 10,30 horas, "continuando si fuera preciso" al día siguiente, sábado.
Y es que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le ha hecho entrega de información sobre la inclusión del exconsejero en un "seguro de grupo sobre la vida en la modalidad de rentas" suscrito por González Byass, documentación entre la que destaca una carta del propio imputado de fecha 30 de junio de 2011 dirigida a Uniter-Banco Vitalicio.
La juez Mercedes Alaya imputó a Antonio Fernández porque "ocupó el cargo de máxima autoridad laboral durante la mayor parte del periodo investigado", siendo "indiciario conocedor", según el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, "de las pólizas particulares para personas próximas o la inclusión que éste hacía en las pólizas de los ERE de personas que nunca habían trabajado en las empresas".
Así, la magistrada considera que el exconsejero "era conocedor de los importantes reparos que la Intervención General realizó al procedimiento utilizado para materializar estas ayudas mediante las llamadas transferencias de financiación de explotación, procedimiento que había generado un déficit presupuestario para la Junta a 31 de diciembre de 2007 de 39.249.138 euros".
INCLUIDO EN EL ERE DE GONZÁLEZ BYASS
Asimismo, la juez Mercedes Alaya le imputó su inclusión en el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2008 de la empresa González Byass, "cuando él dejó de trabajar para dicha empresa el 10 de octubre de 1981".
Junto a Antonio Fernández, permanecen imputados en la causa otros altos cargos de la Junta de Andalucía, como son el actual director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera; su antecesor en el cargo, Juan Márquez; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, y el exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés.
Por el momento, y respecto a los altos cargos imputados, la magistrada también ha citado a declarar a Antonio Rivas, que lo hará el próximo 26 de julio, y a Juan Rodríguez Cordobés, que comparecerá ante la juez antes, concretamente el 29 de mayo.
LA DECLARACIÓN DE GUERRERO
La juez ha citado a declarar a Antonio Fernández después de la comparecencia judicial de Guerrero, único imputado en prisión y que, en su declaración, aseguró que el exconsejero de Empleo "se comprometió" a otorgar tres ayudas por un valor total de tres millones de euros a las empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.
