SENTENCIA DE 7 DE DICIEMBRE DE 2011, DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO, POR LA QUE SE FIJA LA SIGUIENTE DOCTRINA LEGAL: "LA UTILIZACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL MEDIO DE COMPROBACIÓN DE VALORES PREVISTO EN EL APARTADO G) DEL ARTÍCULO 57.1 DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA ("VALOR ASIGNADO PARA LA TASACIÓN DE LAS FINCAS HIPOTECADAS EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN HIPOTECARIA"), EN LA REDACCIÓN DADA POR LA LEY 36/2006, DE 29 DE NOVIEMBRE, NO REQUIERE NINGUNA CARGA ADICIONAL PARA AQUÉLLA RESPECTO A LOS DEMÁS MEDIOS DE COMPROBACIÓN DE VALORES, POR LO QUE NO VIENE OBLIGADA A JUSTIFICAR PREVIAMENTE QUE EL VALOR ASIGNADO PARA LA TASACIÓN DE LAS FINCAS HIPOTECADAS COINCIDE CON EL VALOR AJUSTADO A LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO, NI LA EXISTENCIA DE ALGÚN ELEMENTO DE DEFRAUDACIÓN QUE DEBA CORREGIRSE".
En el recurso de Casación en Interés de la Ley número 71/2010, interpuesto por la Administración General del Estado, la Sala Tercera (Sección Segunda) del Tribunal Supremo ha dictado sentencia, en fecha de 7 de diciembre de 2011, que contiene el siguiente fallo:
FALLAMOS
Que estimando el recurso de casación en interés de la ley interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de fecha 21 de abril de 2010, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, debemos fijar como doctrina legal que “La utilización por la Administración tributaria del medio de comprobación de valores previsto en el apartado g) del artículo 57.1 de la LGT (“Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria”), en la redacción dada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, no requiere ninguna carga adicional para aquélla respecto a los demás medios de comprobación de valores, por lo que no viene obligada a justificar previamente que el valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas coincide con el valor ajustado a la base imponible del impuesto, ni la existencia de algún elemento de defraudación que deba corregirse”.
Todo ello con respeto de la situación juridica particular derivada de la sentencia recurrida, sin costas.
Publíquese este fallo en el “Boletín Oficial del Estado”, a los efectos previstos en el artículo 100.7 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos don Manuel Vicente Garzón Herrero; don Juan Gonzalo Martínez Micó; don Emilio Frías Ponce; don Ángel Aguallo Avilés; don José Antonio Montero Fernández; don Ramón Trillo Torres.
