BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)
El director general de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat; el intendente Antoni Antolín; el responsable de la Brigada Móvil, David Bordas, y la exresponsable de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona Assumpta Escarp (PSC), entre otros, han declarado como imputados en la causa.
En una interlocutoria, el juez considera que la actuación policial fue "razonablemente proporcionada" porque retirar objetos de la plaza evitaba el aumento del potencial ofensivo al alcance de determinados grupos de personas que se iban a concentran al día siguiente por la final de Champions League de fútbol.
El juez cree que no hay "muestras de extralimitación" en la actuación policial ya que las lesiones de la mayoría de concentrados --generalmente producidas por objetos compatibles con las defensas policiales-- precisaron una primera asistencia sanitaria y las zonas del cuerpo afectadas son manos, brazos, glúteos y piernas excepto algún caso.
"USO MÍNIMO DE LA FUERZA"
Además, considera que la actuación policial no era para acabar con la concentración, sino que la "única misión" era procurar la entrada de los camiones de limpieza a la plaza, por lo que, cuando no hubo ningún obstáculo, los 'indignados' pudieron volver a ocupar el espacio como sucedió, según el texto.
Pese a las órdenes analizadas 'en veinte minutos desalojamos la plaza' entre los distintos mandos policiales, el juez indica que el significado de la orden "no era otro que el de intentar sacar a las personas que impedían la retirada de objetos", y, de lo contrario, se habría vulnerado el libre ejercicio de derechos y libertades de los concentrados, como alegaban los querellantes.
Sobre el uso mínimo de la fuerza, el juez sostiene que la policía avisó por megafonía a los concentrados --prevención--, autorizó el acceso de prensa al interior de la plaza --transparencia--, y las fuerzas pasaron de la pasividad a la intervención activa --progresión--.
Añade que la instrucción de hacer un uso mínimo de la fuerza "se realizó tras dos horas de obstrucción por parte de los concentrados y de la voluntad dialogante de las fuerzas", de manera que los agentes agotaron las medidas alternativas y emplearon todos los esfuerzos.
Asimismo, el juez considera que la actuación de la Guardia Urbana fue "absolutamente irrelevante" a efectos penales, ya que la actuación de este cuerpo se limitó al uso de técnicas con pasivos --sin defensa--, y los objetos recogidos se reseñaron y depositaron en almacenes municipales.
Contra la interlocutoria, las partes tienen cinco días para interponer un recurso de apelación, y tres días para un recurso de reforma.
