MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón quiere reformar la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador para que sólo los estudiantes de Derecho que se matricularon antes de la aprobación de esta norma, en octubre de 2006, estén finalmente exentos de superar un posgrado, un periodo de prácticas y un examen final para poder ejercer.
La comunidad estudiantil ha acogido críticamente este anuncio ya que consideran que "sólo" favorecerá a "cuatro" estudiantes y piden que sean todos los licenciados en Derecho los beneficiados por la reforma, según ha manifestado a Europa Press José Beceiro, presidente de la Asociación de afectados por la Ley de Acceso a la Abogacía y Procura (ANALAP).
El reglamento que desarrolla La Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador se modificaría a través de una nueva disposición adicional. Esta Ley entró en vigor el pasado octubre, cinco años después de la aprobación de este texto en cuya elaboración han colaborado los Ministerios de Justicia y Educación.
A pesar de que la norma está vigente desde el pasado otoño, el Gobierno ha querido satisfacer a todos los estudiantes que se matricularon en la carrera antes de que la ley fuera publicada el 31 de octubre de 2006 y que por diversas razones no han podido aún terminar sus estudios en cinco años.
En este sentido, el Ministerio alega que la reforma favorece a "muchos estudiantes que compatibilizan la carrera con actividades laborales, quienes cursan una doble licenciatura, personas aquejadas por alguna enfermedad o aquellas que tengan a otras personas a su cargo".
"El Ministerio de Justicia, de quien depende la colegiación de estos profesionales, entiende que aquella normativa discriminaba a los estudiantes que comenzaron a cursar Derecho en 2006, por lo que, en colaboración con el Ministerio de Educación, introducirá en la Ley una nueva disposición adicional por la que no se les exigirá una titulación superior para el ejercicio colegiado", afirma en un comunicado.
A pesar de que quedarán exentos del posgrado, a los licenciados matriculados en 2006 se les seguirá exigiendo la colegiación en el plazo máximo de dos años una vez obtenido el título de Licenciado en Derecho.
ESTUDIANTES "ENGAÑADOS" POR EL PP
La Ley 34/2006 de Acceso a la Abogacía y la Procura ha puesto en pie de guerra a la comunidad estudiantil. Los licenciados en Derecho han solicitado que no les afecte esta norma, se han puesto en contacto con grupos parlamentarios y han recabado el apoyo de miles de seguidores en las redes sociales.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de ANALAP, José Beceiro, ha calificado de "increíble" que Ruiz-Gallardón emprenda esta modificación, cuando hace menos de una semana el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley solicitando la exclusión de todos los licenciados en Derecho.
De este modo, el Gobierno ha emprendido esta reforma sin esperar al debate de la proposición no de ley que el viernes presentó el propio Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se instaba al Ejecutivo a "realizar las modificaciones normativas precisas para excluir a todos los licenciados en Derecho de la obligación de cumplir con los requisitos de capacitación exigidos por la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales".
"No entendemos nada. Nos sentimos engañados", expresa Beceiro, que califica de "increíble" esta contradicción y alude al "agravio comparativo" que van a sufrir parte de los licenciados. "Al final, va a afectar a cuatro estudiantes contados", añade.
"Estamos cansados de que se rían de nosotros. Miles de jóvenes pedimos al PP seriedad y coherencia", afirman los licenciados en su cuenta de la red social Twitter.
La comunidad estudiantil se ha puesto durante todo este tiempo en contacto con los grupos políticos para que escuchen sus reivindaciones, ha convocado concentraciones y ha intentado reunir 500.000 firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular en las Cortes, que finalmente fracasó.
Además, ha recaudado fondos para pedir al Supremo la suspensión cautelar de este reglamento aunque la Sala de lo Contencioso-Administrativo finalmente rechazó su recurso y confirmó la vigencia del texto hasta que resuelva sobre el fondo de los recursos interpuestos en su contra.
PRÁCTICAS EN CÁRCELES O JUZGADOS
A tenor de esta Ley, los licenciados en Derecho o los poseedores de un título de Grado de contenido jurídico deberán realizar desde ahora un curso de formación especializada en Universidades públicas o privadas o en Escuelas de Práctica Jurídica, creadas por los colegios de abogados y homologadas por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
Los alumnos tendrán que superar un periodo de prácticas externas, que estarán tuteladas por un equipo de abogados o procuradores que haya ejercido la profesión durante al menos cinco años.
Las prácticas se desarrollarán, total o parcialmente, en juzgados o tribunales, despachos profesionales o departamentos jurídicos o de derechos humanos de Administraciones Públicas, instituciones oficiales o empresas. Asimismo, pueden cursar una parte de este periodo en cárceles, establecimientos policiales o centros de servicios sociales o sanitarios.
Finalmente, los candidatos se enfrentarán a una prueba de evaluación final para acreditar que están capacitados para el ejercicio de la profesión. Este examen, idéntico en todo el territorio nacional, constará de un test con respuestas múltiples que incorporará en su calificación la obtenida en el periodo de formación, la cual ponderará en un 20 por ciento.
