MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, ha abogado este lunes en el Congreso por limitar a un tiempo "exacto" y "cuidadoso" la duración del secreto de sumario de los procesos judiciales para evitar filtraciones que suponen "un atentado muy grave" a la intimidad, al derecho de defensa y a la presunción de inocencia de los afectados.
Así se ha pronunciado Dívar en el turno de réplica durante la Comisión de Justicia celebrada en la Cámara Baja para presentar la última Memoria del órgano de gobierno de los jueces, correspondiente a 2010. En este contexto, ha lamentado que procedimientos declarados secretos salen a menudo publicados "por series" en medios de comunicación.
"Estamos haciendo todos los esfuerzos para que sean investigadas adecuadamente, pero es muy difícil por el número de personas que puede conocer en un momento dado el procedimiento", ha indicado, para explicar que una vocal ha sugerido reducir los "grandes periodos" de tiempo durante los que se prolonga el secreto sumarial.
En este contexto, Dívar ha considerado "muy grave" suponer que el Tribunal Supremo o las Audiencias "se complacen en llevar la contraria a la opinión pública", ocasionando "un manifiesto ataque a la probidad". "Eso no es así rotundamente", ha zanjado, antes de reconocer que el lenguaje que emplean a veces necesita estar acompañado de una explicación.
En cualquier caso, ha rechazado los intentos de deslegitimar a las autoridades judiciales y ha advertido que de "tanto desacreditar a las personas que encarnan las instituciones", se está "atacando a muchas instituciones" que luego corren el riesgo de ser "desautorizadas".
Dicho esto, se ha referido a las críticas del diputado de IU Gaspar Llamazares a la Administración de Justicia. "Entiendo que si no tiene fe en la Santísima Trinidad tampoco tiene fe en una de las consecuencias, porque la fe tiene tres virtudes la esperanza, la fe y la caridad".
"Estamos en una situación real. No es el único diputado ni ciudadano que en estos momentos critica duramente la Administración de Justicia. Yo lo acepto en todos los sentidos", ha proseguido.
INVESTIGACIÓN DE CASOS DE TERRORISMO PRESCRITOS
En materia de terrorismo, Dívar ha sido preguntado sobre la existencia de una posible disposición de la Audiencia Nacional para investigar todos los casos relacionados con ETA, incluso aquellos declarados prescritos. "Desde el punto de vista del CGPJ, no se ha producido ninguna orden en ese sentido, y por lo tanto ésto es inexistente", ha replicado.
Tras indicar que como presidente del Consejo no le consta una orden de esta naturaleza, ha precisado que si ha provenido "directamente" del presidente de la Audiencia Nacional podría estar encaminada a esclarecer delitos pendientes de cara a la obtención de indemnizaciones para las víctimas.
IMPULSO DE LENGUAS VERNÁCULAS
En otro momento de su intervención, Dívar ha negado tener ningún interés de "ofensa" al aludir a la lengua mandinga después de que el diputado de ERC Joan Tardá le exigiera que retirara dicha alusión en relación con el uso de la lengua catalana en justicia.
Según Dívar, si hizo mención a la citada lengua africana es porque en una ocasión tuvo que valorar que una persona pudiera expresarse en dicho idioma ante su juzgado. "Más lo haría en defensa de la lengua catalana", ha agregado el presidente del Poder Judicial, para añadir que admira profundamente la cultura catalana y su lengua.
"Se están dirigiendo a un modesto y humilde presidente que lee en catalán", ha señalado, para indicar que el uso de la lengua catalana en los tribunales corresponde al ámbito legislativo. "En todo cuanto procede una igualdad y un derecho y una defensa de las lenguas vernáculas, si hay algún impulso, estaríamos dispuesto a hacerlo", ha agregado.
En cuanto a la creación de consejos de Justicia autonómicos, ha sostenido que esta cuestión también es una competencia que deberá abordar el Parlamento, en respuesta a la diputada de CiU Mercè Pigem.
Respecto a los nombramientos que requieren una votación cualificada por parte de los miembros del CGPJ, ha puesto en valor que la mayoría de acuerdos del actual Consejo han sido adoptados con alto grado de consenso y han permitido desbloquear la designación de magistrados del Supremo y de presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.
Como colofón, ha puesto de manifiesto el "modesto" presupuesto del Consejo, que ha aceptado con la "mejor disposición" la fiscalización del Tribunal de Cuentas, al tiempo que ha ofrecido su colaboración con el Gobierno y el Parlamento.
A su juicio, las leyes fundamentales que afectan a la Administración de Justicia deben gozar de un carácter permanente y no ser cambiadas de forma sistemática.
