MUCHAS LUCES Y ALGUNA SOMBRA
Las medidas anunciadas ayer por el ministro Gallardón en materia de Justicia son, en su conjunto, esperanzadoras y pueden mejorar la situación actual de la Justicia en España. Entre lo más positivo cabe destacar el intento de despolitización del Consejo General del Poder Judicial, permitiendo de nuevo a jueces y magistrados que elijan directamente a los doce vocales judiciales; ahora resta esperar que en la posterior regulación se permita que toda la Carrera Judicial esté representada, y no sea un coto cerrado de las asociaciones mayoritarias.
También hay que aplaudir la razonada modificación de la Ley del Menor, permitiendo el enjuiciamiento conjunto de mayores y menores de edad; la instauración selectiva de la prisión permanente revisable para delincuentes que no han cumplido sus penas y no es previsible que se reinserten o cambien de conducta; la creación de una Agencia que unifique la información judicial, y el mantenimiento de la instrucción judicial de los delitos, con la posibilidad de que los fiscales colaboren en los casos más sencillos o urgentes. Además, debe alabarse el cumplimiento de la promesa electoral relativa a la modificación en materia de aborto, aunque el cambio debería pasar por una derogación total de la Ley de 2010 y una vuelta a la doctrina del Tribunal Constitucional.
Al lado de estas luces, alguna sombra. Por ejemplo, la insistencia en aprobar una ley de mediación civil y mercantil que, como sucedía con la conciliación, no evitará el posterior litigio y convertirá el acceso a la tutela judicial en una carrera de obstáculos. O la implantación de una nueva tasa judicial para acceder a la segunda instancia (tasa a la que deben añadirse la tasa previa y el depósito para recurrir), que encarecerá los procesos, favorecerá a los más ricos y, sobre todo, se fundamenta en una premisa falsa, porque hoy en día el atasco judicial no está en las Audiencias sino en la primera instancia.
Y debe destacarse un sonoro silencio: el de la implantación de la nueva oficina judicial, un fiasco total del PSOE que exigirá desandar lo andado y apostar por un nuevo modelo que, racionalizando los medios disponibles, no deje al proceso desjudicializado y en manos únicamente de la burocracia judicial.
