MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Fue el pasado noviembre cuando el Poder Judicial remitió a la Fiscalía General del Estado una copia del escrito de queja que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, había enviado a esta institución. El Ministerio Público se dio por enterado de la queja aunque no abrió una investigación para averiguar el origen sobre las filtraciones, según fuentes de este organismo.
De igual modo, la Comisión Permanente solicitó entonces al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), Miguel Ángel Cadenas, la realización "de las actuaciones que considere oportunas" para aclarar la procedencia de las informaciones que determinados medios de comunicación publicaron sobre el denominado 'caso Campeón', en el que está implicado el ministro de Fomento en funciones, José Blanco.
La decisión se adoptó tras el estudio de una propuesta presentada por el vocal de éste órgano José Manuel Gómez Benítez solicitando la apertura de una inspección a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y al resto de órganos judiciales implicados en la causa. El objetivo fue dilucidar el origen de las filtraciones, que el vocal designado a propuesta del PSOE considera delictivas.
La Comisión acordó además remitir el escrito de Gómez Benítez y el de la juez de Lugo al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar -que lo es también del órgano de gobierno de los jueces-, por ser el competente para decidir si se abre una inspección en el alto tribunal, en cumplimiento de lo establecido en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial.
"A la vista del resultado de las actuaciones que se reciban, se acordará lo que proceda", concluyó el acuerdo de la Comisión, que fue adoptado por unanimidad el pasado 23 de noviembre.
"PERJUICIO INDUDABLE"
Para Gómez Benítez, de la lectura de las informaciones realizadas sobre la supuesta trama de consecución de subvenciones públicas en la que está presuntamente implicado el ministro se deduce que los periodistas pudieron tener acceso a la exposición razonada de la juez San José "cuando ya había sido recibida en el Tribunal Supremo".
Según Gómez Benítez, las informaciones publicadas hasta este momento en relación con la 'Operación Campeón' causaron "un perjuicio indudable, al menos, a un miembro del Gobierno de España".
A juicio del vocal, "las filtraciones a los medios de comunicación de actuaciones judiciales declaradas secretas deben tener consecuencias legales", y así lo prevé tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) como el propio Código Penal.
BLANCO DECLARARÁ ESTE JUEVES ANTE EL TS
El vicesecretario general del PSOE y exministro de Fomento, José Blanco, declarará este jueves ante el Tribunal Supremo por el caso 'Campeón' a petición propia y sin esperar a que el alto tribunal solicite el pertinente suplicatorio al Congreso de los Diputados para cursar su citación.
Blanco solicitó declarar voluntariamente en un escrito presentado ante el TS el 5 de enero en el que solicitaba poder conocer "la demanda, querella o actuación judicial de la que resulta la imputación", y además que se le permitiera conocer las actuaciones e instar a la práctica de diligencias y "cuanto a su derecho convenga".
En el marco de la 'Operación Campeón' sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por la concesión de subvenciones, han sido detenidas 15 personas, entre ellas el empresario farmacéutico Jorge Dorribo y dos altos cargos del Igape, todos ellos en libertad, por su supuesta vinculación en una trama para defraudar subvenciones públicas.
En el marco de la causa investigada por la juez de Lugo Estela San José, Dorribo acusó a Blanco en distintas declaraciones de cobrar comisiones a través de la empresa de instalaciones eléctricas de un primo político, Manuel Bran, a cambio de gestiones a su favor en Hacienda y Sanidad.
El empresario, propietario de Laboratorios Nupel, fue enviado a prisión el pasado mes de mayo tras su detención como supuesto cabecilla de una trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta, pero consiguió la libertad tras declarar, el 8 de agosto, ante la juez.
Dorribo implicó en el cobro de comisiones irregulares a cambio de un trato de favor para conseguir subvenciones al ex ministro de Fomento y a los ex diputados Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG). Los dos últimos dimitieron tras la publicación de estas informaciones. Uno de los supuestos pagos se habría realizado, en metálico en una gasolinera situada en el término lucense de Guitiriz.
En la exposición razonada que la juez remitió al Tribunal Supremo se señalaba que la Fiscalía de Lugo apoyaría una investigación al ministro por un posible delito de tráfico de influencias derivado de la existencia de mensajes de móvil que vincularían a Blanco con un presunto trato de favor al vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco.
