SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)
El pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), reunido el lunes de esta semana, acordó por unanimidad manifestar "su preocupación y rechazo por las manifestaciones de responsables políticos, recogidas en distintos medios de comunicación, donde se pone en entredicho la imparcialidad en el trabajo jurisdiccional de la magistrada Mercedes Alaya", en referencia a la juez que indaga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso de dichos fondos.
Mediante un comunicado, el pleno de la Sala de Gobierno del TSJA ha señalado su "preocupación y rechazo" ante estas "manifestaciones de responsables políticos" y ha recordado que "la discrepancia con las resoluciones judiciales se ha de expresar a través de los cauces procesales legalmente previstos", asumiendo además que "la crítica de tales resoluciones no solo es admisible, sino natural y necesaria en un Estado de Derecho".
LAS ALUSIONES DE GRIÑÁN Y LA POLÉMICA DE GUERRA
Este comunicado de la Sala de Gobierno del TSJA surge después de que la semana pasada, en el marco de una sesión del Parlamento andaluz, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, acusase a los populares de "manipular" y "engañar" a la juez Mercedes Alaya. Durante su 'cara a cara' con el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, en la sesión de control al Ejecutivo autonómico, Griñán defendió que de la lectura de los autos emitidos por la juez Alaya en dicha causa se desprende que el Partido Popular "la engaña" y "juega" con ella.
Cabe recordar al respecto que durante la campaña electoral de los últimos comicios generales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya emitió un comunicado amparando a la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, y censurando las declaraciones en las que el histórico dirigente socialista y de nuevo diputado nacional por Sevilla Alfonso Guerra avisaba de una "fuerte" relación personal entre la juez y el alcalde de Sevilla, el popular Juan Ignacio Zoido.
Y es que la juez Alaya, además, investiga las supuestas irregularidades perpetradas en la sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Consistorio hispalense, cuando los ya exmilitantes socialistas Fernando Mellet y Daniel Ponce estaban al frente de su gestión.
