SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
Así lo han explicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Economía, que han comentado que se apela a la Abogacía del Estado porque, la sentencia del profesor Nemesio Antonio P.D., condenado a 26 años de prisión por matar en 1998 de un tiro en la cara a su mujer y de tres al hijo de ambos cuando trataba de defenderla en el chalé familiar de la localidad vallisoletana de Laguna de Duero, es de 2001, previa a la ley de 2004 que entró en vigor en enero de 2005 y que legisla sobre violencia de género.
Por ello, aclaran que la condena del profesor vallisoletano es anterior a cuando se reconoció la figura de violencia de género, y el delito de la misma no está recogido como tal, lo que ha motivado la intervención de la Abogacía del Estado para poder retirar en base a la ley la prestación de viudedad.
El Ministerio ha subrayado que "en cuanto ha tenido conocimiento del caso" ha puesto el tema en manos del Abogado del Estado para poder resolver la situación "de la manera más rápida posible".
Fuentes de Instituciones Penitenciarias han indicado, por su parte, que el centro penitenciario ourensano había informado al Instituto Nacional de la Seguridad Social, en respuesta a la petición realizada a finales de 2010, de que el vallisoletano había sido condenado por un delito de homicidio con agravante de parentesco, ya que en la legislación no estaba regulada entonces, en 2001, la figura de violencia de género. Estos datos fueron remitidos, en su momento, al organismo pagador de la pensión --Hacienda--.
PROCESO
El condenado, que mató a su mujer y a su hijo el 25 de agosto de 1998, ha cobrado durante los últimos trece años la pensión correspondiente a la mutua de clases pasivas por la fallecida, que ascendía a más de 800 euros al mes en el último año, y que le abona Hacienda.
Desde el pasado mes de marzo, Nemesio Antonio P.D. percibe la pensión máxima legal, al sumar su jubilación. El profesor solicitó la pensión de viudedad cuando estaba en prisión provisional ya que la condena no se hizo firme hasta que el Tribunal Supremo emitió una resolución que estimaba parte de su recurso y le redujo la condena de 36 años que fijó la Audiencia de Valladolid a 26 años.
Además, desde 2009 el profesor sale a diario de la prisión de Pereiro de Aguiar y regresa a dormir, y tiene permiso para acudir a clases de informática. Fuentes de Instituciones Penitenciarias han puntualizado a Europa Press que el condenado disfruta del tercer grado penitenciario tras cumplir once años de condena porque así lo ha acordado el juez de Vigilancia Penitenciaria, ya que la prisión se había mostrado en contra de esta medida.
Los beneficios penitenciarios de los que disfruta el profesor, que perdió su condición de funcionario en 2003 por el doble crimen, fueron concedidos por el juez de Vigilancia Penitenciaria de Pontevedra y Ourense pese a la negativa de la Junta de tratamiento de la prisión ourensana.
El juez valoró el hecho de que el condenado había pagado la indemnización a su hijo pequeño y a su suegra, pero el centro abogada por mantener el segundo grado, al considerar que no cumplía los requisitos para el tercer grado, que le permite salir de la cárcel durante el día.
