VALENCIA, 2 (EUROPA PRESS)
Los agentes desplazados a CACSA han querido ratificar con personal de los departamentos jurídicos, protocolo y eventos los documentos relativos a la relación entre el Instituto y esta entidad.
Esta actuación se produce después de que miembros de Fiscalía Anticorrupción y de Policía de Baleares hayan comenzado a tomar declaración como testigos a altos cargos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia por los pagos realizados al Instituto Nóos.
Hasta la fecha han prestado declaración el exdirector general de CACSA, Jorge Vela, actual responsable del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF); y José Manuel Aguilar, también exdirector de la entidad, así como el director del Palacio de Congresos, José Salinas, todos ellos el jueves, mientras que en esta jornada declaraba el vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau.
Agentes de la Policía judicial se personaron el pasado 8 de noviembre en la sede de la Conselleria de Presidencia y de CACSA para pedir, por orden del juez instructor del 'caso Palma Arena', información de la relación de la Generalitat valenciana con el Instituto Nóos.
Según informaron entonces fuentes de la Generalitat, esta relación se ciñe a dos contratos suscritos en 2004 y 2005 por ambas entidades con la sociedad que fundó y presidió el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín.
VALENCIA SUMMIT
Tal y como señalaron estas fuentes, la información facilitada a la Policía era la relativa a un contrato de CACSA de fecha 2004 para la celebración del evento Valencia Summit, en el que también participó el Ayuntamiento de Valencia, y otro suscrito en 2005 por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat, dependiente de la Conselleria de Presidencia, con el Instituto.
En el primero de los casos, el contrato de CACSA de 2004 se suscribió para la celebración del Valencia Summit, una cumbre internacional sobre organización de grandes eventos deportivos, que se celebró durante tres años y por la que se pagó 450.000 euros por cada anualidad.
Sobre el otro convenio, se firmó en 2005 por la entonces Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat en 2005, con una duración de dos años, tenía el objeto de preparación para que la autonomía pudiera ser sede de unos juegos europeos, que finalmente no se realizaron. En este caso, se pagó 382.000 euros por el trabajo realizado, lo que suponía un seis por ciento del total establecido en el convenio.
