MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La citada sala especial del alto tribunal ha comenzado a mover ficha sobre las recusaciones después de que el pasado lunes el magistrado Miguel Colmenero --que instruía hasta entonces el asunto--, rechazara de plano apartar a los magistrados acusados de falta de imparcialidad por Garzón y elevara la cuestión a este órgano superior. El ponente de la resolución será el presidente de la Sala Tercera, José Manuel Sieira.
Antes de la reunión, la Sala contará con un nuevo informe de la Fiscalía, que inicialmente ya se ha pronunciado a favor de apartar a todos los recusados excepto a Manuel Marchena, de quien Garzón desconfía por su condición de instructor de la causa en la que se le investiga por los cobros que percibió del Banco Santander por participar en varios cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.
La Sala especial está integrada por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar; los presidentes de sus cinco Salas, los cinco magistrados más antiguos y los cinco más modernos de cada una de ellas. Se trata del mismo tribunal que es competente para la ilegalización de partidos políticos.
Por el momento, ya se cuenta con los informes que han presentado los cinco primeros magistrados recusados por Garzón, que son el propio presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Soriano, José Manuel Maza y Perfecto Andrés, a los que se sumaría Manuel Marchena, contra quien Garzón procedió unos días después.
El abogado del juez, Francisco Baena Bocanegra, argumenta que todos ellos están "contaminados" porque han participado en la instrucción del caso rechazando los recursos por él presentados.
La fiscal del Supremo Pilar Fernández Valcarce solicita la absolución de Garzón por el tema de las escuchas a la 'Gürtel', mientras que las acusaciones ejercidas por el abogado Ignacio Peláez y los imputados en 'Gürtel' Francisco Correa y Pablo Crespo consideran que ha incurrido en prevaricación y en un delito contra las garantías constitucionales, por lo que piden que sea inhabilitado.
Peláez pide 10 años de inhabilitación para el juez. Por su parte, Correa califica los hechos como un delito de prevaricación judicial continuada, por el que pide que pague una multa de 3.240 euros e inhabilitación por 15 años y otros dos años por un delito contra las garantías constitucionales.
De momento, y mientras se solventa este trámite, el Supremo ha designado un tribunal sustituto constituido por los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde, Juan Manuel Berdugo y Luciano Varela y Andrés Arrieta, que la presidirá sin perjuicio de que, en caso de aceptarse la recusación del tribunal inicial, a éstos se sumen otros dos magistrados.
