MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará este miércoles las nuevas normas aprobadas por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para evitar aceptar las recusaciones de magistrados que deben juzgar a personas aforadas como ha sucedido en el caso del juez Baltasar Garzón.
El órgano de gobierno de los jueces tiene previsto deliberar sobre el acuerdo que fue adoptado a principios de noviembre por la Sala de Gobierno del alto tribunal, y por el que se aprueba la composición y el funcionamiento de las Salas y las secciones del Supremo y la asignación de ponencias que deben turnar los magistrados.
Las normas establecen la novedad de que el conocimiento y la decisión sobre los recursos presentados por aforados frente a decisiones del instructor serán resueltos por una Sala integrada por tres magistrados, distinta a la que deberá instruir o enjuiciar la causa.
Estos tres magistrados serán nombrados por un periodo de cuatro meses, siguiendo el orden de los que precedan inmediatamente a los magistrados designados para la admisión, partiendo del más antiguo y excluyendo al presidente.
CAUSAS CONTRA AFORADOS
Estas normas afectarán a las causas especiales seguidas por la Sala de lo Penal contra personas aforadas, como son diputados, senadores, miembros del Gobierno central o integrantes del CGPJ, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional o de la Audiencia Nacional.
Por ello, en caso de que el Supremo decida abrir un procedimiento contra el ministro de Fomento en funciones, José Blanco, por su implicación en la 'Operación Campeón' regirán las nuevas normas que otorgan a una sala específica la resolución de los recursos presentados contra las decisiones del instructor.
Por su parte, el tribunal que resolverá sobre la admisión a trámite la causa y, en su caso, la enjuiciará, estará formado por el presidente de la Sala y dos o cuatro magistrados, nombrados por un periodo de cuatro meses.
Con el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial, las normas serán aprobada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con el fin de que sean aplicadas a partir del 1 de febrero de 2012.
El Supremo pretende así evitar sospechas de imparcialidad como las que ha alegado el juez Baltasar Garzón para recusar a seis de los componentes de la Sala que debe juzgarle por autorizar la intervención de las conversaciones mantenidas por los cabecillas de la 'trama Gürtel' con sus abogados en prisión.
La Sala de lo Penal ha nombrado una Sala de cinco magistrados que sustituirá a la que fue inicialmente designada para juzgar a Garzón. El abogado del juez, Francisco Baena Bocanegra, argumenta que todos los recusados están "contaminados" porque han participado en la instrucción del caso rechazando los recursos por él presentados.
