MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Mientras se tramita el incidente de recusación -cuyo instructor será el magistrado Miguel Colmenero- se ha nombrado a una Sala sustituta, que será la encargada de contestar a las peticiones que puedan realizar las partes mientras tanto.
Según la providencia dictada este viernes, la Sala sustituta estará formada, además de por Colmenero, por los magistrados Francisco Monterde, Juan Manuel Berdugo y Luciano Varela y Andrés Arrieta, que la presidirá sin perjuicio de que, en caso de aceptarse la recusación del tribunal inicial, a éstos se sumen otros dos magistrados.
Por el momento, ya se cuenta con los informes que han presentado los cinco primeros magistrados recusados por Garzón, que son el propio el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Soriano, José Manuel Maza y Perfecto Andrés.
El abogado del juez, Francisco Baena Bocanegra argumenta que todos ellos están "contaminados" porque han participado en la instrucción del caso rechazando los recursos por él presentados.
La Fiscalía del Tribunal Supremo apoya estas cinco recusaciones, pero no la del sexto magistrado que Garzón pretende que se aparte del juicio por las escuchas de "Gürtel", Manuel Marchena, del que la defensa del juez de la Audiencia Nacional desconfía por su condición de instructor de la causa en la que se investigan los cobros que el juez de la Audiencia Nacional percibió del Banco Santander por participar en varios cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.
La fiscal del Supremo Pilar Fernández Valcarce solicita la absolución de Garzón por el tema de las escuchas a la 'Gürtel', mientras que las acusaciones ejercidas por el abogado Ignacio Peláez y los imputados en 'Gürtel' Francisco Correa y Pablo Crespo consideran que ha incurrido en prevaricación y en un delito contra las garantías constitucionales, por lo que piden que sea inhabilitado.
Peláez pide 10 años de inhabilitación para el juez. Por su parte, Correa califica los hechos como un delito de prevaricación judicial continuada, por el que pide que pague una multa de 3.240 euros e inhabilitación por 15 años y otros dos años por un delito contra las garantías constitucionales.
