MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía del Tribunal Supremo se opone a la recusación presentada por Baltasar Garzón contra Manuel Marchena, el sexto componente del tribunal que debe juzgarle por intervenir las conversaciones mantenidas por los cabecillas de la 'trama Gürtel' con sus abogados en prisión.
Al contrario de lo mantenido con respecto a otros cinco miembros de la Sala que también han sido recusados, el Ministerio Público considera que en este caso no hay razones para apartar al magistrado.
Garzón acusa a Marchena falta de imparcialidad objetiva por coincidir su presencia en este tribunal con su condición de instructor de la causa en la que se investigan los cobros que el juez de la Audiencia Nacional percibió del Banco Santander por participar en varios cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006. Precisamente hoy, Marchena ha citado a Garzón para volver a interrogarle por estos hechos el próximo 14 de diciembre.
Para la Fiscalía, sin embargo, "ser instructor de una causa distinta en modo alguno puede sustentar la causa de recusación promovida, salvo que se derive a una especie de enemistad o interés (*), que desde luego tampoco se acredita". Añade que "mantener la tesis que se ofrece conduciría a situaciones absurdas".
El abogado Ignacio Peláez, que fue quien interpuso la querella contra Garzón por las escuchas de los letrados de "Gürtel", se ha opuesto igualmetne a la recusación .
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Peláez señala que la petición de Garzón es extemporánea puesto que el juez conocía hace ya tiempo la composición del tribunal y no alegó nada al respecto hasta que le fue notificada la fecha del juicio. La cita inicial, fijada para el 29 de este mes, ha sido finalmente aplazada al próximo 17 de enero a causa de esta recusación.
La acusación señala en su escrito que los argumentos de Garzón "carecen de total fundamentación jurídica", puesto que Marchena, a juicio de esta parte, "no ha tenido ningún tipo de intervención en la presente causa y, por tanto, no existe ningún motivo que pudiera poner en juicio su imparcialidad y objetividad".
Por ello, Peláez considera que el Supremo debe inadmitir la pretensión de Garzón y añade que el incidente de recusación "está amparado en una evidente mala fe procesal".
La sexta recusación se suma a la que ya se tramita contra otros cinco del total de siete magistrados designados para juzgar al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. En este caso, la Fiscalía sí apoya que se retiren de la causa por falta de imparcialidad objetiva.
En el escrito que remitió el pasado día 17 a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la defensa e Garzón calificaba de caso extraordinario -al menos en la historia judicial española- "que ante un mismo tribunal se sigan al mismo tiempo simultáneamente y no sucesivamente tres causas contra el mismo aforado por el mismo delito de prevaricación", y añade que "no menos extraordinario se ofrece que un mismo juez y respecto de estas tres causas, pueda ser instructor de una de ellas y al mismo tiempo (...) forme parte del tribunal que ha de enjuiciar al mismo aforado en otra de dichas causas".
Por ello, el abogado de Garzón en esta causa, Francisco Baena Bocanegra, solicitaba al Supremo que remita las actuaciones a la Sala especial de artículo 61 para que decida sobre este incidente de recusación de acuerdo a sus pretensiones.
Esta recusación se suma a la que ya se tramita contra el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Soriano, José Manuel Maza y Perfecto Andrés. Baena Bocanegra argumenta que todos ellos están "contaminados" porque han participado en la instrucción del caso rechazando los recursos por él presentados.
La fiscal del Supremo Pilar Fernández Valcarce solicita la absolución de Garzón por el tema de las escuchas a la 'Gürtel', mientras que las acusaciones ejercidas por el abogado Ignacio Peláez y los imputados en 'Gürtel' Francisco Correa y Pablo Crespo consideran que ha incurrido en prevaricación y en un delito contra las garantías constitucionales, por lo que piden que sea inhabilitado.
Peláez pide 10 años de inhabilitación para el juez. Por su parte, Correa califica los hechos como un delito de prevaricación judicial continuada, por el que pide que pague una multa de 3.240 euros e inhabilitación por 15 años y otros dos años por un delito contra las garantías constitucionales.
