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Gürtel

El abogado que inició la causa en el TS por las escuchas a letrados de "Gürtel" se opone a la nueva recusación

24/11/2011
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El abogado Ignacio Peláez, que interpuso la querella contra Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo por intervenir las conversaciones mantenidas por los cabecillas de la 'trama Gürtel' con sus abogados en prisión, se opone a la recusación presentada por el juez suspendido contra Manuel Marchena, la sexta presentada contra la composición de la Sala que debe juzgarle por estos hechos.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

En el escrito que ha remitido al Tribunal Supremo, Pelaéz -defensor del constructor José Luis Ulibarri, implicado en la presunta trama corrupta-, señala que la petición de Garzón es extemporánea puesto que el juez conocía hace ya tiempo la composición del tribunal y no alegó nada al respecto hasta que le fue notificada la fecha del juicio. La cita inicial, por cierto, fijada para el 29 de este mes, ha sido finalmente aplazada al próximo enero a causa de esta recusación.

El sexto recusado es Manuel Marchena, a quien Garzón acusa de falta de imparcialidad objetiva por coincidir su presencia en este tribunal con su condición de instructor de la causa en la que se investigan los cobros que el juez de la Audiencia Nacional percibió del Banco Santander por participar en varios cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press la acusación señala que los argumentos de Garzón "carecen de total fundamentación jurídica", puesto que Marchena, a juicio de esta parte, "no ha tenido ningún tipo de intervención en la presente causa y, por tanto, no existe ningún motivo que pudiera poner en juicio su imparcialidad y objetividad".

Por ello, Peláez considera que el Supremo debe inadmitir la pretensión de Garzón y añade que el incidente de recusación "está amparado en una evidente mala fe procesal".

La sexta recusación se suma a la que ya se tramita contra otros cinco del total de siete magistrados designados para juzgar al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.

En el escrito que remitió el pasado día 17 a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la defensa e Garzón calificaba de caso extraordinario -al menos en la historia judicial española- "que ante un mismo tribunal se sigan al mismo tiempo simultáneamente y no sucesivamente tres causas contra el mismo aforado por el mismo delito de prevaricación", y añade que "no menos extraordinario se ofrece que un mismo juez y respecto de estas tres causas, pueda ser instructor de una de ellas y al mismo tiempo (...) forme parte del tribunal que ha de enjuiciar al mismo aforado en otra de dichas causas".

Por ello, el abogado de Garzón en esta causa, Francisco Baena Bocanegra, solicita al Supremo que remita las actuaciones a la Sala especial de artículo 61 para que decida sobre este incidente de recusación de acuerdo a sus pretensiones.

Esta recusación se suma a la que ya se tramita contra el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Soriano, José Manuel Maza y Perfecto Andrés. Baena Bocanegra argumenta que todos ellos están "contaminados" porque han participado en la instrucción del caso rechazando los recursos por él presentados.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ya informó a favor de la petición del juez Baltasar Garzón para apartar de la causa a los cinco primeros magistrados, y el plazo para presentar escrito en el caso de Marchena concluye mañana, han informado a Europa Press en fuentes del Ministerio Público.

La fiscal del Supremo Pilar Fernández Valcarce solicita la absolución de Garzón por el tema de las escuchas a la 'Gürtel', mientras que las acusaciones ejercidas por el abogado Ignacio Peláez y los imputados en 'Gürtel' Francisco Correa y Pablo Crespo consideran que ha incurrido en prevaricación y en un delito contra las garantías constitucionales, por lo que piden que sea inhabilitado.

Peláez pide 10 años de inhabilitación para el juez. Por su parte, Correa califica los hechos como un delito de prevaricación judicial continuada, por el que pide que pague una multa de 3.240 euros e inhabilitación por 15 años y otros dos años por un delito contra las garantías constitucionales.

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