GRANADA, 16 (EUROPA PRESS)
Así lo ha señalado Sexmero en Granada tras la presentación de la XXXVI Asamblea Nacional de la asociación, donde se ha referido a preguntas de los periodistas a las críticas que ha recibido por parte del PSOE la jueza Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a los fondos autonómicos andaluces.
Al respecto, Sexmero ha recordado que en la actualidad los jueces no tienen ninguna norma o instrucción para que una investigación criminal tenga que suspenderse simplemente porque hay un proceso electoral en marcha y el investigado es político, toda vez que tampoco se hace "si se trata de otra persona".
"Otra cosa es que la prudencia pueda aconsejar, y eso es de valoración por parte del juez, retrasar determinadas resoluciones hasta que se resuelva el proceso electoral" para "no entorpecerlo" pero "simplemente es una norma de prudencia y no una norma imperativa que pueda obligar al juez", ha dicho Sexmero, al tiempo que ha recordado que los jueces no pueden verses coartados por ningún proceso electoral ni ninguna indicación política" en el desarrollo de su labor.
Así, el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco Vitoria se ha mostrado contrario a que exista una norma que prohíba a un juez dictar resoluciones porque "no la hay en ningún país del mundo", a pesar de mostrarse consciente de que "en el juego de la política judicial las presiones existen".
"La mayoría de los jueces de este país no se sienten presionados ante este tipo de requerimientos políticos", ha dicho al ser preguntado por el caso de la juez Alaya, y de hecho ha asegurado que el gremio está habituado a sufrirlos, por lo que "por decirlo de alguna manera, nos resbalan", ha sentenciado.
Estas declaraciones se producen después de que el candidato del PSOE al Congreso por Cádiz y vicepresidente segundo del Gobierno, Manuel Chaves, haya destacado este martes que las autorizaciones del titular de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta, actualmente Carmen Martínez Aguayo y antaño de José Antonio Griñán, reclamadas por la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, se producen en plena campaña electoral.
"No voy a hacer juicio de intenciones porque luego me acusan de que si afecto o no respeto las decisiones de los jueces, pero los actos tienen lugar en plena campaña electoral. No descubro nada nuevo bajo el sol", ha aseverado el ministro de Política Territorial en una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press.
