MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en mayo de 2010 contra los dos responsables de Investahorro por incumplimiento del pacto alcanzado entre Fiscalía, defensas y acusaciones particulares para la reducción de penas a cambio del pago de parte de los 24 millones de euros defraudados, según la sentencia dictada el pasado 10 de octubre.
El Supremo ha concluido que existió una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, porque la Audiencia Nacional dictó la sentencia incluyendo el pacto de reducción de condena sin hacer cumplir los términos del acuerdo económico.
La sentencia devuelve las actuaciones al momento en el que "las defensas de los acusados mostraron su conformidad con la conjunta y común acusación contra ellos formulada en el juicio oral".
Esto obliga a los dos condenados a cumplir con el pago de entre el 20% y el 30% de los 24 millones de euros que defraudaron a cerca de 600 inversores o enfrentarse a un nuevo juicio, según explicaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Las acusaciones particulares se pusieron de acuerdo, por unanimidad, en limitar su petición de penas a un delito de apropiación indebida, renunciando a los de estafa, delito societario, insolvencia punible y falsedad documental. Esto reducía la petición de penas de prisión contra los acusados de 22 años a menos de dos años, por lo que evitaban ingresar en la cárcel al carecer de antecedentes penales.
La Sala de lo Penal del Alto Tribunal estima así parcialmente los recursos presentados por las acusaciones particulares, el Ministerio Fiscal y la agencia de valores MG, que fue declarada responsable civil subsidiaria contra la sentencia dictada el 26 de mayo de 2010 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia de Nacional.
La sentencia anulada condenó al administrador único de Investahorro, José María Navarro, y a su mujer, Pilar Bernard, a un año y tres meses de prisión, respectivamente, por apropiación indebida y los consideró responsables solidarios del fraude obligándoles a pagar 1,1 millones de euros.
Investahorro era una firma aragonesa, creada en 1992, que actuaba con una estructura piramidal. El 30 de julio de 1998 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le abrió expediente por falta muy grave por realizar actividades propias de entidades de crédito sin autorización. También fue sancionada por el Banco de España.
Los gestores ofrecían a los clientes una rentabilidad media del 12% por las inversiones con garantía de devolución. Los afectados por la quiebra de la sociedad no llegaron a recibir ninguna compensación, ya que al ser considerada como 'chiringuito financiero' las inversiones no estaban aseguradas por el Fondo de Garantía de Depósitos.
