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  • EDICIÓN DE 07/11/2011
 
 

Fiscal de Sala

La Asociación de Fiscales recurre el reingreso como fiscal de Sala del Supremo de Mariano Fernández Bermejo

07/11/2011
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La Asociación de Fiscales ha recurrido la órden del Ministerio de Justicia por la que se confiere la situación administrativa de servicios especiales con efectos retroactivos y el reintegro al servicio activo en la Carrera Fiscal con la categoría de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo a Mariano Fernández Bermejo por "transgredir" el ordenamiento jurídico.

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El ex ministro de Justicia volverá a ser fiscal de Sala del Tribunal Supremo, la máxima categoría establecida en el Estatuto Orgánico del Ministerio Público, según publicó hace unos días el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La asociación señala en un comunicado que Fernández Bermejo había pasado a tener categoría de fiscal, la siguiente en orden a la de Fiscal de Sala según este Estatuto Orgánico, por lo que considera que "su reingreso procede con categoría de Fiscal".

Según añade, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) fue modificada en 1997 estableciendo el paso a la segunda categoría en los casos de desempeñar actividades públicas diferentes de las jurisdiccionales y entre las que no se encuentran ni las de ministro ni la de diputado.

ORDEN RECURRIDA

El Ministerio de Francisco Caamaño acordó el reingreso al servicio activo de Fernández Bermejo tras cesar como diputado con la disolución de las Cortes. Esta orden, publicada el pasado 22 de octubre en el BOE, podía recurrirse ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses.

El BOE hizo pública esta disposición después de que el Parlamento aprobara vía enmienda la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que introdujo un precepto que permite a los jueces y fiscales que han tenido un cargo político computar este periodo como tiempo efectivo en su Carrera para no perder antigüedad en el escalafón.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó recientemente por unanimidad una declaración institucional en la que pedía al presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, y al presidente del Senado, Javier Rojo, que le consulte en lo sucesivo cualquier modificación legislativa que afecte a esta norma.

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