ESTRASBURGO (EUROPA PRESS)
Las nuevas normas prevén penas de cárcel de al menos diez años para quienes coaccionen o empleen la fuerza contra un menor para que practique sexo o se prostituya, de al menos tres años para los productores de pornografía infantil y prisión de un año para quienes consuman ese material pornográfico.
Entre los nuevos delitos tipificados por la UE figura el llamado 'grooming', por el que el agresor establece lazos de amistad con el menor a través de Internet, y otras prácticas como el turismo sexual infantil.
Los cambios en la normativa comunitaria han sido pactados con los Veintisiete y una vez sean adoptados formalmente, previsiblemente antes de que acabe el año, la norma entrará en vigor y los gobiernos tendrán dos años para adaptarla a su legislación nacional.
La nueva medida fija normas mínimas comunes en toda la Unión Europea para definir los delitos y las sanciones con las que castigar la pornografía infantil, el abuso y la explotación sexual de niños y la seducción de menores con fines sexuales, según informa la Eurocámara en un comunicado.
El número de delitos contemplados por la UE se eleva a casi 20 supuestos y se fijan sanciones más estrictas para determinados casos como, por ejemplo, para quienes convivían con la víctima o mantenían con ella una relación de confianza o autoridad por ser familia o profesor.
También habrá penas más duras contra los adultos que abusen de niños especialmente vulnerables, como los discapacitados.
Los castigos previstos en la nueva legislación comunitaria son penas mínimas para cada supuesto, por lo que las autoridades nacionales podrán establecer sanciones más duras en sus legislaciones nacionales.
Además, las personas que hayan sido condenadas por uno de estos delitos podrán ser inhabilitadas, de forma temporal o permanente, para el ejercicio de profesiones que impliquen el contacto directo y regular con niños. Cerca del 20% de las personas que abusan de niños son reincidentes, según informa la Eurocámara en su nota.
Finalmente, la directiva también contempla medidas de asistencia, apoyo y protección a las víctimas, especialmente en el caso de los niños que delaten casos de abusos en la familia. Asimismo, los Estados miembros garantizarán en todo momento la protección de la identidad, la intimidad y la imagen del menor.
