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  • EDICIÓN DE 27/10/2011
 
 

En su declaración este miércoles ante el juez

Castedo y Gutiérrez niegan que resolvieran las alegaciones que ellos mismos presentaban

27/10/2011
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Niegan "ninguna vinculación" con Enrique Ortiz, a quien Gutiérrez ha llamado "monopolizador de suelo"

ALICANTE, 26 (EUROPA PRESS)

Los socios del despacho Salvetti Abogados, José Luis Castedo y Javier Gutiérrez, han negado este miércoles, en sus respectivas declaraciones ante el juez que investiga la causa separada del caso Brugal relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, que ellos resolvieran las alegaciones que se presentaban al citado PGOU y que su actuación se limitaba a modificarlas jurídicamente.

Ambos han llegado juntos a declarar, en calidad de imputados, a las 9.20 horas, aunque el primero en hacerlo ha sido Javier Gutiérrez, exconcejal socialista, mientras que José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, ha entrado a declarar a las 11.10 horas.

Gutiérrez ha esperado al interrogatorio de su socio y han abandonado las dependencias judiciales juntos, acompañados por su abogado, José Sánchez-Alarcos. Ninguno de los dos ha respondido a las preguntas de la acusación, ni del Ministerio Público ni de las acusaciones populares de EU y PSOE.

Al abandonar la sede judicial, Javier Gutiérrez ha indicado que rechazaban hacer declaraciones "por respeto a la Justicia porque donde teníamos que declarar es hoy en el juzgado".

No obstante, ha señalado que han presentado "un documento, que se puede considerar una declaración escrita" y, según ha dicho, "indudablemente" no iban a hablar sobre un documento que el juez, el fiscal y las acusaciones "aún ni se han leído".

Preguntado por los medios, Gutiérrez ha apuntado que es "un documento extenso donde se acredita o se contrapone el documento de investigación" pero ha rechazado decir nada más, instado por su abogado a que no hiciera más declaraciones.

"LO MISMO"

En sus declaraciones, según fuentes judiciales, ambos "han dicho lo mismo" respecto a las alegaciones al plan general. Según los informes policiales, Salvetti presentaba alegaciones de empresarios y particulares, por una parte, y, por otra, tenía una relación contractual con Laboratorios y Proyectos, adjudicatario de la redacción del PGOU, por la que supuestamente resolvían las alegaciones.

A este respecto, Castedo y Gutiérrez han asegurado que "no tenían ninguna influencia, que no tenía ninguna importancia su trabajo en el sentido de que pudiera ser decisivo o decisorio y que en realidad se le está dando una trascendencia, según los medios de comunicación, a hechos que no la tienen".

En este mismo sentido, según las mismas fuentes, Javier Gutiérrez ha afirmado que Laboratorios y Proyectos "le daba los criterios y que ellos motivaban jurídicamente". Por su parte, Castedo ha considerado que es "una infantilización" del informe policial a este respecto y se ha mostrado "sorprendido de que no se profundizara más en cuestiones técnicas".

El abogado de la acusación popular de IU, José Luis Romero, ha considerado que es "un poco rocambolesco que te digan: motívame jurídicamente que le vamos a aprobar a éste la alegación que ha hecho".

En su opinión, es "un poco una técnica de mercenario" porque lo "lógico es que el que haga la motivación sobre la alegación tenga un criterio, no que le venga dado y después que lo motive jurídicamente".

"ORTIZ, MONOPOLIZADOR DE SUELO"

Los socios de Salvetti han explicado que el objeto social del despacho pretendía aprovechara "un nicho de oportunidad de negocio en gestión de suelo". Según han precisado las mismas fuentes, han declarado que se encontraron "en un momento en que había explotado la burbuja inmobiliaria, las entidades financieras se habían hecho con todo el suelo en daciones de pago".

Así, según han añadido, vieron "un nicho de oportunidad de negocio en el asunto de gestión de suelo porque las entidades financieras tenían gabinetes preparados para la gestión inmobiliaria como tal, pero no para la gestión de suelo".

Respecto a si han trabajado para otro de los principales imputados de la trama, el constructor Enrique Ortiz, han asegurado que no han tenido "ninguna relación ni ninguna vinculación", salvo una gestión en el Sector Balsares de Santa Pola (Alicante), por la que le facturaron 90.000 euros, pero le cobraron 30.000 menos, porque al constructor le pareció "caro".

Ambos han insistido en que no han tenido "nada relacionado con el PGOU porque Ortiz tenía su despacho de referencia y que no eran ellos". Según las mismas fuentes, Gutiérrez ha llegado a decir que él "jamás ha trabajado para un monopolista de suelo".

El fiscal ha pedido un cuerpo de escritura de ambos, posiblemente para algún tipo de pericial

"MONÓLOGO TÍPICO"

Por su parte, el abogado de la acusación popular del PSOE, Fernando Montalvo, ha explicado a los medios de comunicación que ambos han contestado a "las preguntas de los abogados de la defensa sobre asuntos concretos para decir lo que a ellos les interesa".

Según ha dicho, "no se somete a contradicción nada, no hay oportunidad de preguntar y simplemente es el monólogo típico de quien, con todo el legítimo derecho, pues se defiende". De hecho, Montalvo ha indicado que no ha habido para José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, "ni una pregunta por su hermana, ni quién es su hermana, no se sabe".

En los mismos términos, José Luis Romero ha lamentado que "han dicho lo que han querido" porque "no han querido responder a ninguna de las acusaciones".

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