VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)
El auto fue dictado este lunes por la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), y en él acordaba absolver a Bellver y a los funcionarios María José Gasull, arquitecto técnico de la oficina de Planeamiento; Juan Antonio Altés, jefe del servicio; Pedro García Rabasa, secretario adjunto del área de Urbanismo y Juan Casañ, jefe del Servicio de Circulación y Transportes del consistorio, de un delito de prevaricación, por la construcción del aparcamiento sin pedir un informe a la Dirección General de Patrimonio.
La sala afirmaba que no apreciaba el más mínimo indicio para declarar probada la existencia de connivencia alguna entre los acusados para llevar a cabo ninguna conducta irregular o que no fuera propia de la ordinaria actuación administrativa, ni que les guiara un propósito de actuar al margen de la regularidad y de la legalidad que deben regir sus actos ni que obraran con otra finalidad que no fuera la del cumplimiento de sus funciones en sus respectivas competencias.
Esta resolución es recurrible por las partes implicadas en este procedimiento en el plazo de 10 días. Por el momento, la Fiscalía, --que pedía para los acusados ocho años y medio de inhabilitación para cargo o empleo público por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística y alternativamente prevaricación administrativa-- no ha tomado ninguna decisión.
Y según han indicado fuentes conocedoras del caso, el ministerio público podría pronunciarse la próxima semana. El que tiene que tomar una primera decisión sobre el recurso es el fiscal jefe de la Comunitat, Ricard Cabedo, puesto que el juicio tuvo lugar ante los miembros del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Lo más normal es que antes de decidirse lo consulte con el fiscal que ha investigado el caso y que participó en el juicio, Vicente Torres.
Seguidamente, Ricard Cabedo trasladará su acuerdo a la Fiscalía de Madrid, puesto que de presentar un recurso, se haría ante el Tribunal Supremo y éste se debería seguir por un fiscal de este organismo, han indicado las mismas fuentes.
