SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)
La Fundación Socioasistencial Mercasevilla, que ejerce la acusación particular contra los cuatro acusados por el supuesto intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios del Grupo La Raza como condición para ser adjudicatarios de la escuela de hostelería del mercado central, ha ampliado su acusación contra los imputados para que sean declarados responsables civiles solidarios y abonen a la fundación los 900.000 euros "equivalentes a la subvención en su día concedida y no dispuesta" tras conocerse el intento de cobro de comisiones.
De este modo, y según recoge el acta de la audiencia preliminar del jurado celebrada este jueves en el Juzgado de Instrucción número 6, a la que ha tenido acceso Europa Press, el nuevo abogado de la fundación, Juan Piñeyro, que representa al mercado central tras el cambio de gobierno municipal el pasado mes de mayo, ha solicitado la apertura de juicio oral y la continuación del procedimiento por la Ley del Jurado, tras lo que ha modificado su escrito de acusación, en el que solicita el pago de una multa de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 21 meses para cada acusado.
Así, ha pedido también que los imputados sean considerados responsables civiles subsidiarios y paguen de forma solidaria a la fundación los 900.000 euros "equivalentes a la subvención en su día concedida y no dispuesta, entendiendo que se ha ocasionado un perjuicio irreparable a la fundación al no poder disponer de la subvención", al tiempo que se ha guardado "expresa reserva" para, "en su momento procesal y una vez tenga la ocasión de estudiarse las actuaciones, poder ampliar las imputaciones y las penas a imponer" a los imputados.
LAS ACUSACIONES PIDEN ABRIR JUICIO ORAL
De su lado, tanto la Fiscalía como las acusaciones populares que ejercen PP, PSOE y PA han interesado la apertura de juicio oral y que el juicio se celebre ante un jurado popular, al tiempo que han ratificado sus respectivos escritos de acusación. Hay que recordar que el fiscal reclama el pago de una multa de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho para cada uno acusados.
Por su parte, el PP solicita un año de prisión, el pago de 3,6 millones y 13 años de inhabilitación para Rivas y Mellet por delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada; además, pide una multa de 1.350.000 euros e inhabilitación durante tres años para Ponce y Pereira, a los que imputa únicamente un delito de cohecho.
Asimismo, el PA pide para Rivas un año de cárcel, una multa de 2.250.000 euros y nueve años de inhabilitación por sendos delitos de cohecho y tráfico de influencias, mientras que para el resto de acusados pide el pago de 1.350.000 euros y tres años de inhabilitación por un delito de cohecho; el PSOE solicita para Mellet y Ponce dos años de cárcel y 18.000 euros de multa por un delito de estafa cualificada en grado de tentativa, exculpando a los otros dos imputados.
"NO HAY NINGUNA PRUEBA" CONTRA RIVAS
Por su parte, el abogado del exdelegado provincial de Empleo, Francisco Baena Bocanegra, ha pedido que, en caso de decretarse la apertura de juicio oral, "se excluya expresamente" a Rivas y se acuerde su sobreseimiento, pues, según ha comentado en declaraciones a los periodistas, su patrocinado "no tiene que estar aquí, no hay ni una sola prueba contra él". Respecto a la modificación realizada por la fundación, se ha opuesto "por ser improcedente en este momento".
El letrado de Ponce, Simón Fernández, se ha opuesto a la apertura de juicio oral y ha reiterado su petición de sobreseimiento respecto a su cliente, oponiéndose a la nueva petición del mercado central, ya que "incide en lo que la Ley Orgánica de la Ley del Jurado expresamente prohíbe, como es la introducción de nuevos elementos que alteren el hecho justiciable", añadiendo que "lo único que consta en el procedimiento es que existe una resolución administrativa firme de concesión de una subvención y que está en vigor, no constando que la fundación haya instado el cumplimiento de la misma".
De su lado, el abogado de Pereira, Carlos Galán, se ha opuesto también a la apertura de juicio oral "por la inexistencia de indicios racionales de criminalidad contra ella", y sobre la petición de la fundación ha dicho que "es manifiestamente improcedente", pues el concepto por el que se solicita la indemnización, que ha tachado de "disparatada", a su juicio "no encuadra dentro de la responsabilidad civil aparejada al delito cometido".
MELLET VUELVE A PEDIR LA NULIDAD DE LA GRABACIÓN
El letrado de Mellet, José Manuel Carrión, ha pedido el archivo de la causa y se ha opuesto a la apertura de juicio oral, ya que "no existe prueba válida que pueda sustentar las acusaciones y que pueda ser probada en el acto del juicio", tras lo que ha vuelto a pedir la nulidad de la grabación en la que se pide a los empresarios la comisión descrita, así como la nulidad "del resto de las pruebas derivadas", ya que "existe una situación en relación a las diligencias practicadas que dejan de manifiesto una provocación por parte de las personas que realizan la grabación que hacen nula de por sí las pruebas que sustentan las acusaciones".
"No se puede afirmar que no exista una argucia o un ardid por parte de los señores que grabaron la conversación", según prosigue, agregando que "la conversación no surgió de forma espontánea y fue provocada con intención de obtener" una prueba. "La admisión de la validez de la prueba supondría un torcimiento del blindaje especial que la Constitución y la Ley Procesal ofrecen al acusado", ha señalado el letrado de Mellet --el único acusado que no ha acudido a la audiencia preliminar--, que se ha opuesto también a que el juicio sea con jurado.
