ALICANTE, 20 (EUROPA PRESS)
Durante su participación en la jornada 'El futuro del derecho del trabajo en un mundo globalizado', organizadas por CCOO en Alicante, Bravo ha querido "destacar que, pese a esta difícil situación económica, ha producido un incremento de la litigiosidad, que alcanzó números inimaginables en la historia judicial de este país, dado el gran esfuerzo que ha realizado la carrera judicial, el esfuerzo encomiable de los jueces y las medidas de refuerzo que se han tenido que adoptar, se ha conseguido, por lo menos, evitar la saturación de los juzgados".
Según ha explicado, "el incremento de la litigiosidad ha devenido por múltiples causas, derivadas de cierres de empresa, de concursos, de reclamaciones de cantidad". Bravo ha señalado que también ha sido "una época en la que también se ha asistido al mayor incremento de procedimientos por desahucio y la jurisdicción civil ha sido una de las más afectadas también por la situación económica".
Actualmente, ha apuntado que es "cierto que los números están bajando, están descendiendo, pero sin embargo este descenso aún no ha hecho visible una situación de normalización". A este respecto, la portavoz del CGPJ ha precisado que en "estos últimos años los concursos un incremento del 200 por ciento; los despidos del 50 por ciento" y, en la actualidad, hay "unas cifras de descenso de entre un 2 y un 8 por ciento, pero aún hay una situación de muchísima carga de trabajo".
Además, según ha añadido, también se "ha conseguido otra cosa muy importante en una jurisdicción tan sensible como la jurisdicción social: reducir el tiempo de espera, que los procedimientos por despido puedan tramitarse en un periodo máximo de cuatro meses".
Bravo ha resaltado que esta reducción se ha llevado a cabo "sin una merma de la calidad de las resoluciones judiciales", dado el "alto novel de confirmación de las sentencias", ya que el "94 por ciento de las resoluciones judiciales son confirmadas".
"PAPEL ESENCIAL"
En su opinión, "el papel que la justicia desarrolla en este país es esencial para que se supere la situación de crisis económica" y "un sistema judicial eficiente redundará en beneficio del desarrollo económico del país".
Igualmente, Gabriela Bravo ha querido "poner en valor que el trabajo es un derecho constitucional, es un derecho fundamental, inalienable además a la condición de ser humano y a su dignidad". "Todos debemos esforzarnos por garantizar que incrementar e empleo en este país y poder erradicar la lacra del paro que afecta a tantísimas personas", ha dicho.
El escenario actual, ha argumentado, "no es muy halagüeño" y aunque el poder judicial tampoco "tiene la solución a la crisis pero puede desempeñar un papel fundamental" para salir de ella, porque si se mantiene "independiente, competente y eficiente" puede ser una pieza clave del impulso del desarrollo social de este país".
Ha disertado, de este modo, en torno al "derecho al trabajo", que en estos días "se ha convertido en un objeto de deseo por culpa, o a causa, de la difícil coyuntura económica que nos está azotando desde hace más de tres años".
La situación laboral, según ha dicho, con "más de 23 millones de parados en la Unión Europea cuando acabe el año, y de los cuales 5 millones por parte de España, lo que no es una contribución baladí", pueden hacer que determinados colectivos "vulnerables" puedan verse más afectados.
En este sentido, ha aludido a poner atención ante posibles casos de "discriminación salarial por razón de sexo, porque pese a los avances de los últimos años las diferencias entre hombres y mujeres siguen existiendo y pueden tender a recrudecerse". Ha apuntado que "el acoso sexual puede perder visibilidad" y también ha mostrado su "preocupación" por la situación laboral de la población inmigrante y de la "precarización" del empleo juvenil.
Compete a los tribunales valorar las altas indemnizaciones de las cajas
A este respecto, ha resaltado que este "tipo de conductas deberán valorarlas los tribunales, debe ser la Justicia que investiga si en algunas de estas actuaciones nos encontramos ante una infracción penal". Así, ha dicho, "en ese caso, ya actuarían los tribunales".
En cualquier caso, ha resaltado que "no corresponde al consejo" valorarlo, "en primer lugar porque necesitaría estudiar con el detalle necesario para poder determinar si estamos ante una infracción penal, y en segundo lugar porque corresponde a los tribunales el poder valorar dichas conductas y poder valorar si nos encontramos ante una infracción penal".
En esta línea, y preguntada de nuevo si como portavoz del consejo le parece, por lo menos, que debería estudiarse, Gabriela Bravo ha insistido en que las "personas afectadas seguro que utilizarán los instrumentos que el sistema judicial ofrece para poder ejercitar sus derechos y reclamaciones".
"Por supuesto, siempre serán los tribunales los encargados de determinar si hay una infracción penal o si bien se pueden ejercitar otro tipo de vía o reclamación civil", ha concluido.
El debate de la justicia "no es si se devuelven competencias" sino en "cómo trabajar entre todos"
Ha apuntado que el "debate de la Justicia" debe centrarse en "buscar las fórmulas para que, siendo conscientes de las circunstancias económicas, permitamos dotarnos de instrumentos para facilitar un servicio público de calidad como el ciudadano se merece". "Ese es el debate", ha dicho.
"La cuestión que se debe debatir no es si devolvemos competencias, sino cómo trabajamos, cómo colaboramos, cómo ponemos el esfuerzo en común todas las instituciones para intentar que la justicia pueda ofrecer al ciudadano ese servicio razonable de calidad que se merece", ha insistido.
Además, desde su punto de vista, "la devolución de las competencias exigiría una reforma de la Ley Orgánica o de los estatutos de autonomía, porque son competencias que están asumidas y que están previstas en el marco autonómico".
Copago en Justicia
Ha expresado su "preocupación" por "hablar de copagos y tasas" en Justicia y ha rechazado que "el problema" sea "el exceso del ciudadano", sino que "lleva años pendiente de una reforma y de una reestructuración profunda".
"En un servicio tan esencial para un Estado de Derecho como es la Justicia, me preocupa hablar de copagos y hablar de tasas. No hay que equivocarse: el problema de nuestra justicia no radica en el exceso del ciudadano, creo que al ciudadano hay que respetarlo", ha dicho.
En su opinión, "el problema de nuestra Justicia es que lleva años pendiente de una reforma, de una reestructuración profunda, es que lleva muchos años estando en tercer o cuarto nivel en el marco de las preocupaciones de todos los gobiernos".
Por ello, ha resaltado que si se quiere "afrontar un cambio y mejorar esto, debe ser desde la modificación de estructuras organizativas, desde amplias reformas legislativas que rentabilicen los recursos que tenemos".
"A mí me preocupa mucho, cuando hablamos de un servicio público, exigir a los ciudadanos que paguen para garantizárselo" ha dicho la portavoz del CGPJ, quien ha recordado que la "tutela judicial efectiva es un derecho fundamental y el Estado tiene la obligación de garantizárselo al ciudadano".
REUNIFICACIÓN PARTIDOS JUDICIALES
Por otro lado, ante la propuesta de hacer una reunificación de partidos judiciales en la Comunidad Valenciana, Bravo ha explicado que el CGPJ está estudiando esta propuesta porque, según ha dicho, son "conscientes de que en esta difícil coyuntura económica es necesario buscar fórmulas para seguir aumentado la plantilla, el personal".
Para Bravo, "hacen falta más jueces, pero buscando fórmulas que nos permitan optimizar también los recursos". A este respecto, ha añadido que el planteamiento de la agrupación de partidos es "una de las fórmulas que están encima de la mesa, que desde luego se tienen que estudiar, porque exigen reforma de la Ley Orgánica, que exige la implicación y afecta no sólo a los jueces, sino a los funcionarios".
En principio, ha comentado que es "un tema que puede permitir optimizar los recursos", por lo que el "consejo está trabajando en ello para valorar si es viable o no".
