MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
A raíz de la propuesta que ha lanzado el Partido Popular en la convención nacional celebrada en Málaga, el portavoz de la asociación, Pablo Llarena, ha expuesto que la decisión de introducir la cadena perpetua revisable como pena máxima corresponde tomarla a la sociedad española, a través del Parlamento, y que los jueces "están para aplicar la ley".
En todo caso, Llarena ha recordado en declaraciones a Europa Press que la mayoría de los países europeos, "salvo Noruega, Portugal y España", contemplan la revisión de la pena en sus ordenamientos jurídicos. "A los 15, 20 o 25 años de condena se hacen revisiones periódicas para valorar si hay riesgo de la reiteración delictiva", ha indicado, para añadir que la excarcelación no se produciría por "razones de seguridad colectiva".
La APM ha considerado que esta medida "respeta los términos constitucionales" y ha apuntado que la "prisión permanente ineludible" sí conllevaría una modificación de la Carta Magna, la cual propugna, en su artículo 25.2, que las penas privativas de libertad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social.
En similares términos se ha posicionado el Foro Judicial Independiente (FJI), cuyo portavoz Javier Varona ha considerado que la posibilidad de revisar las penas podría ser "incluso mejor" que la fijación de un límite máximo de cumplimiento, como establece el actual Código Penal. Ha abogado en declaraciones a Europa Press por que la condena se revise en función de las circunstancias del penado y ha subrayado que esta medida "no tiene por qué ser inconstitucional".
Por su parte, la asociación de Jueces para la Democracia (JpD) ha cargado en un comunicado contra la "ausencia de rigor y seriedad" que exhibe, a su juicio, el Partido Popular al plantear esta medida como si se tratara de "un eslogan" en búsqueda de "réditos electorales". A su juicio, este planteamiento debe nacer de un consenso "profundo y racionalmente fundado".
